viernes, 11 de febrero de 2022

Hacia un proyecto de Nación - Diego Sarcona

 REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA

55




En esta sección que llamamos "Revolviendo la biblioteca", incluimos distintos artículos de gran interés histórico, poco conocidos por el público en general, publicados hace ya muchísimos años.

En el N° 63 del periódico El Tradicional del mes de enero de 2006 se publicó el interesante artículo del Dr. Diego I. Sarcona, que ofrecemos a nuestros lectores.

Hacia un proyecto de Nación
por el Dr. Diego Ignacio Sarcona


Francisco Fortuny





Primera Junta por
Francisco Fortuny










Argentina no nació espontáneamente en mayo de 1810 y en el largo camino de construcción de nuestro país se fueron sucediendo con variada suerte, los distintos intentos de erigir una nación. Distintas experiencias que fueron evolucionando a partir de traumáticos ensayos. Es que el gran desafío de la revolución fue el reemplazo de la burocracia colonial por una dirigencia criolla capaz de manejar el aparato estatal e integrar los distintos territorios del ex Virreinato del Río de la Plata. Los reveses, luchas y desencuentros en su transcurso hablan de un proceso en constante evolución que nos hace pensar en la revolución como un proceso y no como un mero “acontecimiento”, estático y recluido temporalmente en la llamada “semana de Mayo”.
La construcción de una nueva nación, aquel reto de los primero revolucionarios demorado por más de medio siglo encontró diversos obstáculos que explicarían el fenómeno. La inestabilidad política y el caos económico de los primeros años. La obstinada negación de la realidad de parte de una dirigencia que entendía que la mejor organización jurídica e institucional era aquella que impostaba formulas traídas de Europa, desconociendo así la realidad socio-económica de nuestro país, la pertinaz insistencia de formulaciones teóricas pensando en el país ideal y no en el país real que tenían ante sus ojos los “doctorcitos de Buenos Aires”, como llamaban despectivamente en el interior a los promotores de este pensamiento. Es por ello que quizá la razón de mayor peso la encontremos en la ríspida relación entre Buenos Aires y el resto del país, la negación del derecho de éstas de participar en la construcción de un gobierno nacional y el desconocimiento de la preexistencia de aquellas frente a una entidad central.
Cronológicamente, la primera experiencia de organizar un gobierno nacional surgió con la Revolución y se extendió por una década. El movimiento revolucionario. -con claros objetivos emancipadores- fue llevado a cabo con exclusividad por Buenos Aires, existiendo en muchos lugares del interior indiferencia y hasta oposición. Por ello, en el seno mismo de la Primera Junta de Gobierno comenzaron las diferencias entre aquellos que querían integrar al interior y aquellos que le negaban participación. Esta exclusividad en el manejo de las decisiones políticas por parte de Buenos Aires -que tenía como claro objetivo preservar los privilegios e intereses de la capital aunque este se disfrazara en la excusa de preservar la revolución- se hizo evidente con el rechazo a las ideas federativas de José Gaspar de Francia en el Paraguay o de José Gervasio Artigas en la Banda Oriental, pensamiento que en ningún caso significaba rechazo a la existencia de un poder central. También serían silenciadas las voces de diputados de las provincias como José García de Cossio, representante de Corrientes o Juan Ignacio Gorriti, diputado de Jujuy, reclamando la participación de las provincias con fundamento en que todos los pueblos debían tener representación en el gobierno. La guerra de la independencia y la necesidad de la defensa de la revolución dilataron y enmascararon un tanto este conflicto volviendo a primer plano luego de la declaración de la Independencia. En aquella ocasión, en momentos de disentir la forma de gobierno, Buenos Aires impuso un marcado centralismo que, entre otras cosas negaba al interior el básico derecho a elegir a sus gobernantes, disposiciones todas plasmadas en la Constitución de 1819, Carta que daba la espalda a una realidad social distinta. La reacción no se hizo esperar y provino del litoral. No sólo se desconoció dicha Carta y con ella la forma de organización nacional que imponía sino que la presión de los caudillos López y Ramírez concluyeron con el enfrentamiento de las fuerzas directoriales (nacionales) y las provincias en la batalla de Cepeda, siendo derrotadas las primeras y con ello la intención de crear una autoridad nacional sobre estas bases.
La segunda, conocida como “la feliz experiencia” comenzó a gestarse a partir del año 20. Disuelta la autoridad del Directorio, las provincias tomaron forma institucional. Algunas de ellas nacieron de la fractura de las antiguas intendencias virreinales y definieron sus imprecisos límites. En algunos casos, bajo la tutela de hombres vehementes y en otros de déspotas y demagogos que utilizaron el apoyo popular para satisfacer sus intereses hegemónicos, organizaron precariamente sus instituciones, algunas dictaron constituciones y otras pretendieron erigirse en estados independientes. Buenos Aires, en una situación de ventaja sobre el resto por su situación geográfica y recursos económicos provenientes de los ingresos de una Aduana cuyas arcas se ensanchaban con el aporte de los excedentes exportables derivados de la ganadería, encaró profundas reformas en materia económica, política, institucional, social y administrativa. El propulsor de estas reformas, Bernardino Rivadavia, encarnaba el ser y sentir de la ciudad porteña, que orgullosa y altanera, vislumbró la posibilidad de retomar bajo su tutela la idea de formar un gobierno nacional. Obligada por los tratados firmados y llamada a un Congreso General en la ciudad de Córdoba para organizar el gobierno central se retiró para propiciar la reunión de uno en Buenos Aires. Comprando voluntades, duplicando el número de los representantes porteños, y a partir de otros ardides el Congreso de 1826 sancionó otra constitución en la que el centralismo se acentuaba aún más. Rivadavia, designado en el ejecutivo con el cargo de Presidente de la Nación llevó adelante una política que mereció el rechazo de las provincias, al igual que la flamante constitución, aspectos que sumados al desastroso manejo diplomático de la victoria en la guerra contra el Brasil, precipitaron su caída y con ella esta segunda oportunidad de organización. Buenos Aires no había aprendido la lección. En la tercera oportunidad, el proyecto de Rosas significó el reconocimiento de las autonomías provinciales. Era un proyecto nacional pero bajo la forma de una federación de Estados o confederación (con la dificultad que implica la utilización de estos equívocos términos) bajo la forma de una unidad de hecho. La Nación allí tenía una presencia difusa que radicaba fundamentalmente en la cesión por parte de las provincias de específicas facultades, principalmente el manejo de las relaciones exteriores.
Este tácito reconocimiento de la existencia de una entidad central -que se tornaba en expreso en las voluntades de los mandatarios provinciales- fue ratificada por la suscripción el Pacto Federal de 1831, a partir del cual en base a una política personalista y firme -con ciertos rasgos de intolerancia en una época marcada por la violencia política- lo convirtió en el líder indiscutido de la Confederación permitiéndole el acceso al poder por segunda vez. Aún con la implacable resistencia en el país y desde el exterior de una férrea oposición que en algunos casos no dudó en utilizar el bajo recurso de traicionar los propios intereses con condicionantes alianzas externas, Rosas unificó el sentimiento de la existencia de la nación aspecto que nadie pudo lograr hasta ese momento, cualidad reconocida -tiempo después, claro está- por parte de sus más remisos enemigos políticos. Esto según las propias palabras de aquellos fue el cimiento fundamental para la organización posterior. Pero este logro resultó a través de la imposición de una política y no de una constitución que pudo haber organizado los poderes de una nación cuya existencia todos reconocían. En efecto Rosas no dictó una Carta Magna ni propició la reunión de un Congreso General para organizar el gobierno de la nación bajo la forma federal como lo establecía el Pacto Federal. Entendía que la situación de precario orden de las provincias no tenía el sustento suficiente para organizar un gobierno nacional a través de una constitución y no lo hizo, explicando su conducta a aquellos que estuvieron dispuestos a requerirlas: Estanislao López y Facundo Quiroga. En la carta a este último derivada de su encuentro en la hacienda de Figueroa expresaba “quién forma un ser viviente y robusto con miembros muertos o dilacerados y enfermos de la más corrupta gangrena, siendo así que la vida y robustez de éste nuevo ser no puede ser sino la que reciba de los propios miembros de que haya de componerse?” Cierto es que la organización nacional hubiera significado en ese caso la nacionalización de la Aduana y de sus recursos quitando así la mayor fuente de ingresos fiscales de la provincia y dejando huérfano la base de dónde provenía gran parte del poder del gobernante porteño. Nunca llegaría la oportunidad para la reunión del Congreso General y en 1852 Rosas sería vencido en Caseros por una alianza entre los gobernadores del Litoral, los unitarios exiliados, Brasil y los intereses extranjeros que siempre estuvieron al asecho.
A partir de allí, y en base a aquella unidad y el deseo intacto -aunque postergado- de organizar la Nación sobre una sólida base se echó mano a un esquema que había madurado con la experiencia -dolorosa casi siempre- de nuestros desencuentros. Una generación de hombres que había proyectado un pensamiento superador de las históricas divergencias entre unitarios y federales salía a la luz como una concepción práctica y realista. Muestro país tenía una realidad política, social y económica que debía ser observada y escrutada a la hora de plasmarla en un texto constitucional. Este pensamiento estuvo en las mentes de Echeverría, Gutiérrez. Alberdi y otros; el provecto de hacerlos ordenados y palpables en un texto estuvo a cargo del último. Así se reconoció la existencia de una doble jurisdicción. Por un lado las provincias en base al reconocimiento de su autonomía y el ejercicio de facultades y prerrogativas exclusivas entre ellas, por supuesto, la de elegir sus autoridades y por otro lado la Nación con una estructura administrativa constituida por tres poderes independientes en su funcionamiento -con un ejecutivo fuerte derivado de la práctica histórica-, recursos y con facultades y atribuciones propias y otras delegadas por las provincias. Todo ello en un equilibrio entre las dos entidades y con mecanismos de control.
Por otro lado la Constitución significó el reconocimiento de gran cantidad de derechos y garantías, el fomento de la inmigración, el desarrollo económico, la libertad religiosa, la forma de elegir a los representantes, etc. Pero Buenos Aires, celosa todavía de sus privilegios, no acudió al Congreso que sancionó la constitución en 1853 en Santa Fe, porque crear una autoridad nacional significaba nacionalizar y compartir los ingresos de la Aduana y contar de esa manera con recursos para crear y mantener esta estructura. Perdería así esta exclusividad y la base de su poder económico -y también político- y sus privilegios. Sumado a ello la libre navegación de los ríos interiores (fundamentalmente el Paraná y el Uruguay) pondrían en riesgo la exclusividad de su puerto y la comercialización de los productos importados. Buenos Aires advirtió las intenciones hegemónicas del gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, de que el Litoral se coloque a la cabeza del proyecto de construir la Nación y no dudó en separarse del resto del país por diez años. Comenzará así una guerra económica (enmascarada en los inverosímiles enfrentamientos armados de Cepeda y Pavón en 1859 y 1861, respectivamente) de la que finalmente saldrá victoriosa demostrando que por su capacidad económica y recursos fiscales era ella -y no un Litoral asfixiado por los inmensos gastos de la empresa-, la única en condiciones de llevar a cabo la organización nacional. Finalmente, ésta será efectuada en función de sus necesidades e intereses y con sus recursos.