REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA
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En esta sección que llamamos "Revolviendo la biblioteca", incluimos distintos artículos de gran interés histórico, poco conocidos por el público en general, publicados hace ya muchísimos años.
por Armando Alonso Piñeiro
Vengo observando con interés no exento de estupefacción las obsesiones argentinas de reciente data por volver al pasado, a partir de los años setenta. Aparentemente, este retorno -que justifica como pocas veces el título de mi entrega quincenal- visto por lo general con el ojo izquierdo, cuando lo deseable sería evitar el estrabismo.
Recurrir al pretérito tiene sus riesgos. Porque retroceder tres décadas habilita para retrogradar en el túnel del tiempo quién sabe hasta cuándo. Y a alguien se le ocurrió, a comienzos de este mes, ingresar en tan alarmante subterráneo. Una ignota entidad se presentó ante el juez federal Sergio Torres abriendo una causa de lesa humanidad: delitos cometidos a partir de 1492. El expediente se titula “Denuncia contra el reino de España por su responsabilidad en la matanza de indígenas argentinos y el despojamiento de sus tierras tras el descubrimiento de América”.
Espléndido intento. No sería mala idea pedir fuertes indemnizaciones al gobierno de Madrid, que tal vez pudieran solucionar el default argentino. Y extender las reclamaciones jurídicas a los descendientes de Cristóbal Colón, que afortunadamente residen en la península y sobre quienes sin duda alguna el juez Garzón no tendrá ningún reparo en conceder su extradición a nuestro país para que respondan por los aberrantes crímenes cometidos por el Gran Descubridor.
Sobre este tema tengo algunas propuestas dirigidas a los defensores de derechos humanos y de reivindicaciones seudohistóricas. Por ejemplo, el virrey Sobremonte, que en la Segunda Invasión Inglesa llevó los tesoros reales hasta Luján y luego desaparecieron para reaparecer en España. Así como los argentinos somos dueños de nuestras tierras, también tenemos derecho a ver restituidos aquellos dineros.
Deberíamos investigar, por otra parte, la tragedia de Navarro. Algunos la definen como el “asesinato” de Lavalle. Otros, como el fusilamiento. Reabramos el proceso y establezcamos las responsabilidades, porque este hecho es gravísimo y divide a nuestra sociedad de 2003. ¿O no?
Nadie dudará de la necesidad de investigar las revoluciones o, mejor dicho, golpes de Estado. La mal denominada Revolución del 90 dio origen al radicalismo. Los descendientes de las víctimas del Parque son acreedores a la justicia, es decir a una indemnización adecuada.
En este tema del golpismo, ¿no habrá llegado el momento de inaugurar sendos atestados contra el radicalismo por haber incurrido reiteradamente en la violación constitucional de alzarse contra las autoridades constituidas? ¿Qué fueron si no las revoluciones de 1893 -en la que el flamante senador nacional Leandro Alem asumió la paternidad de la asonada de San Luis- y de 1905, minuciosamente organizada por el sobrino del ya suicidado Alem, es decir don Hipólito Yrigoyen?
Tenemos mucho material para reabrir el pasado. Ya que de Yrigoyen hablamos, ¿por qué no investigamos su actitud en la triste Semana Trágica de 1919? ¿Por qué las centrales obreras y piqueteras no amenazan con encontrar culpables y marcar a sus autores y descendientes?
Podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. Sólo bastará con recordar que los defensores de los derechos humanos clamantes contra los militares de los años setenta, se han olvidado de quién era en aquel momento presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Me refiero a María Isabel de Perón, firmante del decreto que ordenó “aniquilar” (sic) a las bandas subversivas.
La razón es simple. Quien abre la caja de Pandora se encuentra con incómodos fantasmas del pasado.
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