sábado, 5 de agosto de 2023

El juzgamiento de la cúpula militar por la derrota en la guerra de Malvinas

REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA

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  En esta sección que llamamos "Revolviendo la biblioteca", incluimos distintos artículos de gran interés histórico, poco conocidos por el público en general, publicados hace ya muchísimos años. 

En el diario La Prensa del día 20 de octubre de 1988, se publicó el siguiente interesantísimo artículo, sobre el juzgamiento de la cúpula militar a raíz de la derrota en Malvinas.

LA CAUSA MALVINAS 
Último acto de un drama
por Siro de Martini

Ante la indiferencia general, está llegando a su fin la que sin duda será considerada por la posteridad como la causa más importante del siglo ocurrida en Latinoamérica.
Por segunda vez en la historia, los jefes políticos de una nación derrotada, son juzgados por sus compatriotas en relación con los hechos que la motivaron. La primera ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial cuando la parte de Francia no ocupada y por presión del gobierno alemán, dueño del resto del país, se efectuó en la ciudad de Rion un juicio que, so pretexto de la determinación de responsabilidades en la derrota, hubiese servido para disimular la agresión alemana.
A pesar de la fuerte presión de Hitler, los jueces franceses se ingeniaron para dar largas al asunto y no hubo fallo porque antes el juicio fue anulado por la Liberación.
Este es uno de los conceptos esgrimidos por la defensa del general Galtieri para descalificar al Consejo Supremo de las FFAA como ya lo había hecho con la comisión de análisis y evaluación de responsabilidades en el conflicto del Atlántico sur (CAER- CAS), vulgarmente llamada Comisión Rattenbach, cuyos antecedentes, señaló, podrían hallarse en los Tribunales del Terror durante la Revolución Francesa ya que aquellos, fueron por una comisión especial, creada a posteriori de los hechos, con amplias facultades y sin sujeción a la Constitución, que expresamente las prohíbe, ni al Código de Procedimientos que fue dejado a un lado. Ya el 24 de agosto de 1983 había señalado públicamente que ese informe adolece de notorias deficiencias y falsedades. No obstante, es la cabeza del sumario de la causa.
Esta etapa de revisión de lo actuado, se ha caracterizado por la mesura que ha impuesto la cámara a los letrados patrocinantes y a la propia fiscalía, lo que no ha sido óbice para que más de una vez se hayan escuchado fuertes expresiones para calificar la conducta de los miembros de la CAERCAS, Consejo Supremo y Fiscalía de Cámara. Han sido dignas de destacar las decisiones de la cámara levantando el secreto que amparaba lo actuado por el Consejo Supremo, lo que ha permitido, señalan las defensas, las irregularidades cometidas en esta etapa del juicio, así como también la aceptación como prueba del informe oficial británico (informe Franks), que no había sido aceptado por el Consejo Supremo, a pesar del testimonio del embajador Ortiz de Rosas.

NO HUBO AGRESIÓN ARGENTINA
De lo expresado se desprende contra una opinión muy generalizada, que la recuperación de las Malvinas no fue una agresión argentina como lo ha venido sosteniendo la prensa al servicio de los intereses británicos, sino una casi obligada respuesta a una agresión británica y que no sólo tuvo el respaldo de nuestra Cancillería, sino que ésta consideró ese accionar como el único prácticamente adoptable.
Para pesar de algunos, la operación fue tan sólo un artilugio diplomático, destinado a llamar la atención mundial sobre el tema y dar tiempo a los diplomáticos para cumplir su cometido: ocupar para negociar fue el criterio con que se llevó a cabo el operativo Rosario. Esto lo han sostenido las defensas militares y letradas de los miembros de la Junta y lo han confirmado tanto el fiscal del Consejo Supremo, brigadier Canale: “Estos hechos pueden aceptarse como configurativos de agresión, justificante del deber de legítima defensa que debió asumir la Junta en los días previos a la ocupación militar de las islas Malvinas”, como el de la cámara federal, doctor Moreno Ocampo: “Ya hemos señalado anteriormente y coincidimos plenamente, que la Argentina actuó en legítima defensa. Eso está fuera de discusión”. De ello es fácil deducir que el que se defiende actúa por necesidad y lo hace como puede y con lo que tiene.

ANTECEDENTES
Para los que han estado atentos durante todas las sesiones, la etapa inicial de esta parte del drama comienza cuando el canciller argentino, doctor Oscar Camilión, dio a conocer el 27 de julio de 1981 una muy dura declaración de nuestro gobierno con la advertencia de que se había llegado al límite de la paciencia argentina. Los británicos que venían escuchando repetidas advertencias de su embajador en Buenos Aires, señalando eso mismo, “la paciencia de los argentinos está llegando a su límite luego de diez años de estériles conversaciones”, deecidieron actualizar una vez más sus “planes de contingencia” que venían preparando desde el 19 de febrero de 1976 y perfeccionando con regularidad, mientras en cumplimiento de la palabra empeñada en 1971 simulaban negociar hasta llegar al tratamiento del tema “soberanía”, cosa de la que unilateralmente habían desistido ya llevando a su embajador en nuestro país a enviar a comienzos de mayo de 1951 al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país una nota invitándolo enérgicamente a realizar por lo menos una ronda más de conversaciones durante el año, incluyendo el tema “soberanía”.

EL CONTRATO DE DAVIDOFF
Al tiempo que estos hechos ocurrían, completamente desconectados de ellos otros se desarrollaban en Gran Bretaña. Constantino Davidoff, comerciante argentino, informado por un capitán mercante holandés de la existencia de un conjunto de valiosos materiales susceptibles de ser convertidos en chatarra, negociaba en la embajada británica en Buenos Aires, en la gobernación de las Malvinas y por fin en Londres una opción para el retiro y venta de esos materiales. Obtenido el contrato en Edimburgo y autorizado éste por el gobierno inglés quien lo comunicó a su gobernador en las Malvinas, restaba resolver el problema del trasporte que los ingleses informaron no poder hacer, por lo que Davidoff se dirigió en busca de ayuda a nuestra Cancillería, la que gestionó el apoyo de la Armada para la concreción de la operación, por considerarla contribuyente al logro de los objetivos nacionales. Hasta aquí, ni la Armada ni la Junta tenían conocimiento del tema. La decisión de viabilizar el proyecto se adoptó durante la presidencia del general Viola.
La Armada, que en 1976 había instalado una estación científica en Thule del Sur, había propuesto, y la Cancillería aprobado, una instalación semejante en Georgias del Sur, la que debía materializar un grupo de trece buzos tácticos, acostumbrados a realizar tareas rudas en condiciones climáticas extremas. A este proyecto se lo llamó Alfa y ese fue el grupo que, con las instrucciones para su misión inicial, fue desembarcado en los prolegómenos del conflicto para proteger a los operarios de Davidoff.

ASUME GALTIERI
El general Galtieri asumió la primera magistratura, sin perjuicio de sus funciones como miembro de la Junta, a fines de diciembre de 1981. En la primera reunión de la Junta, luego de ese acaecimiento, se pasó revista a todos los problemas pendientes y el de las negociaciones con Gran Bretaña estuvo presente. El doctor Costa Méndez, nuevo canciller, aconsejó suspender el proyecto Alfa, lo que se aprobó para evitar complicaciones ya que según había quedado resuelto, la Argentina se proponía hacer ese año una campaña de esclarecimiento a nivel mundial sobre el tema Malvinas, mientras los delegados argentinos y británicos, a pedido de nuestro país, debían reunirse mensualmente para llegar a una solución acordada con anterioridad a la realización de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre de 1982.
Como prevención se dispuso que, en el máximo secreto, un grupo de trabajo integrado por un jefe de cada fuerza, hiciera un estudio de prefactibilidad sobre la toma de las Malvinas, tema que en la Armada se estudiaba rutinariamente desde 1940 y que desde diciembre de 1981 estaba siendo actualizado por el comandante de operaciones navales.
El resultado de estos estudios fue presentado a la Junta entre el 9 y el 16 de mayo y esta dispuso que el estado Mayor Conjunto iniciara una planificación formal que debía estar completada en la segunda mitad de 1982, a fin de poder respaldar con la fuerza las negociaciones diplomáticas. Otro tanto se dispuso sobre la llegada al país, a mediados de año, de elementos bélicos recién adquiridos, los que debían ponerse a punto en la segunda mitad de 1982.

FILTRACIÓN DE INTELIGENCIA
La defensa del almirante Anaya ha señalado que un párrafo de la resolución de Junta citada que era de carácter secreto, fue reproducido textualmente en el ap. 149 del informe Franks por lo que queda demostrado que el gobierno de la señora Thatcher sabía perfectamente, mediante una filtración de inteligencia, que el gobierno argentino no tenía intención de recuperar las islas el 2 de abril y que estaba haciendo previsiones para enfrentar la eventualidad de una acción militar a fines del año.
La propuesta para efectuar reuniones mensuales, con especial pedido de resolución inmediata, presentada a Gran Bretaña en enero de 1982, ni siquiera había sido tomada en cuenta cuando se realizó en febrero de ese año la ronda de conversaciones en Nueva York.

EL INCIDENTE DE LAS GEORGIAS
Mucho se ha escrito sobre el incidente de Georgias, pero hasta que fue narrado durante las sesiones de este juicio, no se conocían las declaraciones de Davidoff sobre su llegada el 19 de marzo a Puerto Leith donde lo esperaban tres miembros del Antartic Survey junto a un mástil en el que flameaba la bandera argentina.
“Llevábamos una bandera, pero estaba en el container. Nunca tuvimos oportunidad de sacarla”, fueron sus palabras al declarar. Un cuidadoso estudio sobre la información existente, que también fue expuesto, permite concluir que la opinión pública y sectores de poder británicos fueron movilizados por una conjunción de esfuerzos del Antartic Survey, del “lobby” de Malvinas y de la Royal Navy, en coincidencia con los lineamientos de la política trazada por el Foreign Office. Las unidades británicas comenzaron a zarpar el 25 de marzo y nuestras autoridades resolvieron la ocupación de las Malvinas el 26 de ese mes. La decisión fue tomada luego de que nuestro canciller manifestara que no veía ninguna solución al conflicto por otra vía que no fuera la ocupación de las Malvinas para negociar inmediatamente, asesoramiento éste que fue respaldado por una apreciación efectuada en la Cancillería cuya conclusión fue que “no había una opción mejor”. Recordemos que las Naciones Unidas han definido como agresión al primer empleo de las armas y que ninguna de las resoluciones de las mismas acusan de agresión a nuestro país.

EL OPERATIVO ROSARIO
El operativo Rosario de ocupación de las islas, se cumplió como se había ordenado, sin derramamiento de sangre británica, aunque con bajas argentinas. Una operación militar perfecta. Así lo calificó el entonces comandante supremo de la OTAN en el Atlántico, almirante Harry Train.
A la luz de la información actual y que se expuso en el juicio, la llamada Misión Haigh sólo sirvió para que nuestras autoridades persistieran en su cautela en materia de trasporte a las islas de elementos militares que hubieran podido ser definitorios del conflicto, en la idea de que se tenía que poder llegar a una solución diplomática que podía frustrarse con el primer hundimiento de un buque. Es aleccionadora la carta en que el general Haigh le señala al general Galtieri que ha encontrado mucha mayor comprensión y flexibilidad en el gobierno argentino que en el británico. La misión se dio por terminada el 29 de abril, cuando la Fuerza de Tareas británica se aprestaba a atacar Puerto Argentino, lo que ocurrió el 1° de mayo.
EE.UU. se volcó abiertamente al apoyo a Gran Bretaña cuando consideró que ya era imposible prolongar la pista de Puerto Argentino como para que operaran desde allí los aviones argentinos de alta “performance”. La idea de cuatro banderas flameando en las islas en que se basó la propuesta de Haigh no era aceptable para nuestro país, porque llevaba al compromiso explícito de atender los “deseos” de los habitantes de las Malvinas, no sus “intereses”, como las Naciones Unidas habían resuelto y nuestro país aceptado.

EL HUNDIMIENTO DEL "BELGRANO"
La pertinacia de los británicos en no aceptar ninguna solución negociada quedó patentizada con el hundimiento el 2 de mayo del “ARA Gral. Belgrano” con la pérdida de 329 vidas, para evitar el éxito de la propuesta del presidente Belaunde Terry del Perú, ya aceptada por nuestro país y la reiteración de la postura británica en la propuesta Pérez de Cuéllar del 17 de mayo.
El fiscal de cámara ha sostenido que no existía la estricta obligación de responder a la agresión con las armas en la mano y que pudo haberse evitado la rendición de Puerto Argentino retirando nuestra guarnición antes de la llegada de las fuerzas británicas. Las defensas luego de señalar la cobardía y deshonor que esa decisión llevaba implícitos han explicado que en definitiva ello hubiera llevado a una convalidación de los derechos británicos sobre el archipiélago, aun en el supuesto caso de que los submarinos británicos, en la zona desde el 12 de abril, no hubieran hundido a los buques en que hubiéramos intentado la retirada.

AYUDA NORTEAMERICANA A LONDRES
Nadie va a una guerra para perderla y esto es válido tanto para nosotros como para los ingleses. En ambos bandos hubo héroes, hubo hombres normales que cumplieron con su deber y quizás hubo cobardes. Esta gama de calificaciones es de aplicación tanto a la Fuerza Aérea, el Ejército y a la Armada argentinos. Los ingleses hubieran podido perder la guerra señaló hace tres años en una conferencia el almirante norteamericano ya citado, si los nuestros hubieran aprovechado oportunidades que entonces señaló. Ahora, luego de la proyección en la última jornada de las defensas del video “An Ocean Apart”, sabemos por boca del entonces secretario de Marina de los Estados Unidos, John Lehman, que los ingleses hubieran perdido indudablemente la guerra de no haber sido por la tremenda ayuda de su país, la que comenzó a materializarse desde el mismo momento en que se puso en marcha la Fuerza de Tareas británica y mientras se desarrollaba la Misión Haigh, luego de que el presidente de los Estados Unidos declarara públicamente la neutralidad de su país.
Esa ayuda fue de tal magnitud que permitió reparar el deterioro de las Fuerzas Armadas Británicas producido por lo que llamó Lehman varios años de irresponsables economías presupuestarias en el rubro Fuerzas Armadas. Un solo ítem, los 200 misiles Sidewinder modelo L, hasta ese momento de uso exclusivo por las aviaciones de los Estados Unidos significó para los británicos la posibilidad de ganar y mantener el dominio del aire infligiendo a nuestras aviaciones la mayor parte de sus pérdidas: 63 aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, 13 aviones de la Aviación Naval, y 22 helicópteros de la del Ejército, mientras que ninguno de los aviones británicos perdidos lo fue en combate aéreo. Por su parte, 8 buques de guerra hundidos y otros 11 atravesados por bombas que no explotaron en sus cascos por problemas técnicos, lanzadas a fuerza del coraje de nuestros pilotos, hablan a las claras de lo que pueden las fuerzas espirituales, aun frente a enemigos dotados de equipo superior.
Las audiencias permitieron entender también, que en el gobierno de los Estados Unidos hubo un sector partidario de la estricta neutralidad, tan importante como el que mediante el hecho consumado llevó al gobierno a definirse por los ingleses. El grupo que aún hoy puede enrostrar a sus colegas la pérdida de la amistad de Hispanoamérica y la consecuente escalada de tensiones en Centroamérica estaba encabezada nada menos que por el vicepresidente de los Estados Unidos y hoy candidato a su presidencia, George Bush, y por la representante de ese país en al ONU, señora Kirkpatrick a quien se pudo ver en la última sesión declarando a través de un casete: “Se debía mantener la neutralidad, porque Estados Unidos tiene un interés muy importante en mantener buenas relaciones con Latinoamérica en general. Gran Bretaña con frecuencia ha mantenido una posición neutral en conflictos norteamericanos con otras naciones, de modo que no se hubiera introducido ningún elemento nuevo en nuestra relación”.

“LUCIDOS” ANÁLISIS A POSTERIORI
Es materia opinable la actitud estratégica defensiva y la táctica derivada de ella, con que fue encarada la defensa de las islas, como también lo es la retracción de la flota de mar a aguas donde no podían operar los submarinos nucleares, para cumplir tareas defensivas a espera de otra oportunidad, luego de un frustrado intento de batalla naval. Sobre esos temas en el futuro se seguirán escribiendo libros, todos muy lúcidos, como lúcidos suelen serlos análisis que se hacen luego de conocer los resultados.
Podría cuestionarse también el envío a lo largo de casi todo el enfrentamiento de los aviones de ataque y bombardeo sin escolta de cazas, pero en cada caso hay criterios profesionales que avalan las decisiones. Lo cierto es que los británicos, a pesar de fuertes pérdidas en buques, aviones y hombres y de graves errores que determinaron el retiro no bien terminadas las operaciones de sus más altos mandos responsables de la conducción de las operaciones se impusieron en la lucha en tierra merced a una gran profesionalidad —no en vano luchó en Malvinas buena parte del “Ejército del Rin”— excelente adiestramiento, óptimo armamento y sobresaliente conducción. Todo ello, no obstante el valor de nuestros soldados, el correcto empleo que hicieron de sus armas y lo bien conducidos que estuvieron en casi todos los casos mereciendo respetuosos juicios de sus enemigos.
La fiscalía ha acusado al general Galtieri de haber enviado dos brigadas de Infantería a las islas sin conocimiento del comandante del teatro, pero ha quedado demostrado que ello no fue así. Se ha pretendido hasta hacerlo responsable de la muerte de un soldado por falta de una cánula para efectuar trasfusiones, como si el comandante del Ejército y, al mismo tiempo presidente de la República, pudiera verificar personalmente el equipamiento de cada unidad y como si en la guerra no hubiera imprevistos, pérdidas y destrucciones por el enemigo.

ACCIÓN PSICOLÓGICA DESVIRTUDADA
Varios de los tópicos que utilizó la acción psicológica británica y nuestra tendencia a la autodestrucción para minar nuestra moral nacional han quedado desvirtuados: el pie de trinchera de los soldados, porque lo tenían también y en similar porcentaje los británico cómo  consecuencia del clima de las islas y porque el calzado de nuestras tropas era de mejor calidad y los enemigos se apresuraban a cambiarlo con el de nuestros muertos. El de la alimentación porque los propios testigos de la fiscalía aclararon que comieron normalmente, regular o mal, según lo permitían las alternativas de la lucha y señalaron también que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Por último, los problemas de trasporte estuvieron siempre relacionados con las contingencias de la lucha. El de que como fruto de la forma en que en la Argentina se dio la información, los argentinos vieron la guerra de un modo triunfalista, por lo que el impacto de la derrota fue aún mayor; quedó claramente desvirtuado con la lectura de una directiva de la Junta disponiendo precisamente que se evitara esa actitud en la información, la que debía ajustarse estrictamente a la realidad de los hechos.

INTEGRACIÓN ACABADA
Numerosos ejemplos a nivel operacional avalaron el hecho de la integración más acabada entre los que combatían y entre las fuerzas y si en algún caso alguien durante el juicio intentó convertir su recinto en un foro para dirimir cuestiones de competencias, ello se volvió en contra de la tesis que trataba de imponer, por la general repulsa que derivó de sus palabras.
A semejanza de lo sostenido por el consejo, la fiscalía de cámara aceptó que los hechos políticos no son judiciables, pero mantuvo la dicotomía entre el hecho en sí y sus antecedentes y consecuentes, como si ello fuera posible. Esta interpretación fue reiterada y prolijamente rebatida, como lo fue la de pretender condenar a los miembros de la junta por decisiones del comité militar, que ellos mismos integraban, como si aún estuviera vigente el esquema con que fuera creado en los años sesenta, luego derogado y recreado otra vez el 26 de julio de 1978 al sólo efecto de que el general Videla, que dejaba el comando en jefe del ejército y de hecho la junta, para continuar sólo como presidente de la Nación, pudiera mediante ese artilugio continuar volcando su experiencia política en el ámbito colegiado del comité, donde tenía voz pero no voto.

EL COMANDANTE EN JEFE
Otro tema que fue prolijamente expuesto por las defensas fue el referido al cargo de comandante en jefe al que alude el art. 740 del Código de Justicia Militar, pero que se refiere a oficiales superiores con mando directo de tropas o fuerzas navales en el ámbito en que se realizan las operaciones. En la época en que se escribió el CJM y cuando su reforma de 1951 el cargo que durante el proceso de reordenamiento se llamaba comandante en jefe, era el de presidente de la república, único, no compartido, por lo que las sanciones previstas en el citado artículo no son aplicables a este caso. Sobre estos particulares, alguna defensa con citas muy concretas de lo incluido en el grueso expediente de más de 40,000 fojas, fue señalando lo que consideró el deliberado y apriorístico empeño del consejo para sancionar a los comandantes en los términos del art. 740. También ha quedado claro, al levantar la Cámara el secreto del Sumario y así fue expuesto en una de las audiencia, que aunque el fallo del consejo aparezca como unánime, por establecerlo así el reglamento, hubo varias y muy bien fundadas discrepancias entre otras la que fue puesta de manifiesta por el vocal almirante Acuña cuando señaló que al incorporar nuevos agravios el propio Consejo Supremo, luego de que se hubieran pronunciado la fiscalía y defensa, ello dejaba a los acusados en estado de indefensión, contrariando lo taxativamente dispuesto por el artículo 18 de la constitución. También así se ha sabido que uno de los vocales del consejo que fuera recusado por uno de los comandantes, recusación esta que no fue aceptada, fue de los de su fuerza el que pidió la sanción más severa para este.

SINTETIZANDO
En definitiva y sintetizando, la principal acusación a los comandantes, se refiere a haber considerado aceptable el empleo de la fuerza militar para la ocupación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sin contar con los medios para enfrentar las operaciones previsibles en el caso de concretarse la máxima reacción por parte del enemigo y luego haber mantenido a las fuerzas en combate a pesar de conocer la superioridad de medios con que contaba el enemigo. A ello se agrega en el caso del general Galtieri, la de haber dispuesto el envío a las islas de una brigada de infantería. Se ha dicho en la sala que, de prosperar tal criterio, en el futuro es dable esperar que nuestras Fuerzas Armadas sólo se empleen contra enemigos militarmente inferiores o equivalentes y mientras se sepa que lo son, estando vedado, en caso de apreciarse que esto no es así, el refuerzo que pudiera ser necesario.
La acusación al almirante Lombardo, que de todos modos ha quedado desvirtuada, se refiere al nombre con que encabezó un plan de operaciones, llamándolo plan esquemático, ya que con el tiempo de que dispuso no pudo redactar un plan de campaña como hubiera querido la acusación. Plan de campaña, que de todos modos, técnicamente se utiliza para otro tipo de operaciones, ofensivas y de larga duración. Se lo ha acusado también de no exigir a uno de sus subordinados la elevación de un plan contribuyente que había sido expuesto personalmente.
La que se ha hecho al general Menéndez, alude a la no elevación del plan contribuyente de las fuerzas a su mando al escalón superior, acusación desvirtuada porque, como quedó dicho, el plan lo expuso junto con su estado mayor al comandante del TOAS. Se lo acusa también de no organizar un comando conjunto, lo que quedó demostrado era falso y de no haber agrupado bajo un comando unificado los medios aéreos que le estaban subordinados, que eran específicos de las unidades de distintas tuerzas bajo su comando, tema que es materia altamente controvertida.
Las acusaciones al general Parada se refirieron al contacto personal con las unidades que le estaban subordinadas y a no haber establecido su comando en Darwin o Gran Malvina, lo que con buenos argumentos refutó su defensa señalando las sucesivas tareas que se le asignaron y las razones por las que fue más útil su permanencia en Puerto Argentino, del que tampoco hubiera podido desplazarse en el tiempo que la fiscalía señaló debía hacerlo, por impedírselo razones meteorológicas.
Para llegar a esta acusación, el fiscal se ha basado fundamentalmente en declaraciones de testigos contenidas en el llamado Informe Calvi, muy cuestionado también por las defensas ya que se basó en declaraciones tomadas en circunstancias en que los declarantes no se hallaban en aptitud para dar testimonio en una causa, aunque lo estuvieran para hacer aportes al mejor empleo de su fuerza. También tuvieron importancia fundamental las conclusiones a la que llegó la CAERCAS, a pesar de que sus miembros declararon no haber tenido en cuenta para arribar a ellas, los diarios de operaciones de las unidades involucradas. Uno de los defensores manifestó durante una de estas declaraciones que era su propósito solicitar los antecedentes de un dicho para una posible cuestión de falso testimonio.
De cualquier modo, la acusación de la fiscalía, sigue los lineamientos de la que hiciera el fiscal del consejo, disminuyendo el número de agravios, pero solicitando elevación de las penas.
El juicio, que en primera instancia se substanció siguiendo un procedimiento sumario previsto para situaciones de guerra en que se debe juzgar hechos que conmueven la disciplina y obligan a una represión inmediata tiene ya casi cinco años de duración. La cámara ha tenido que adaptar trabajosamente los procedimientos de la Justicia Militar a lo establecido en el Código de Procedimientos de la Nación.
Con la proyección de dos videos casetes, titulados “En la estela de la Sheffield” donde queda de relieve el sobresaliente nivel de los pilotos navales y de la Fuerza Aérea Argentina y “An Ocean apart” que documenta la inevitable derrota de Gran Bretaña de no haber intervenido como lo hizo EE.UU. en el conflicto, se cerró la etapa de alegaciones en el juicio que se sustancia en la Cámara Federal de esta ciudad de Buenos Aires.
Ahora, los doctores Horacio Cattani, Wagner Mitchell, Juan Cortelezzi y Fernando Archimbal, deberan determinar si las múltiples y graves irregularidades en que se ha incurrido en las etapas previas —por lo menos así lo han sostenido reiteradamente las defensas— justifican la anulación de lo actuado. Si a pesar de los testimonios y largas argumentaciones escuchados, los acusados son declarados culpables, deberán asimismo determinar si como lo solicita el fiscal que reduce el número de agravios por los que acusa, las penas deben aumentarse.
Junto con muchos argentinos, gobiernos y ciudadanos de las naciones hermanas de América y de las amigas del mundo que durante el conflicto nos apoyaron así como de las que a posteriori volcaron sus votos a nuestro favor en los foros internacionales, esperan este fallo. Hay otras naciones que también lo esperan, aunque por otro motivo.