Publicado en el Periódico El Restaurador - Año II N° 5 - Diciembre 2007 - Pags. 12 a 15
Le ofrecemos al lector parte del 1er. Capítulo de “Las Otras Tablas de Sangre” de Alberto Ezcurra Medrano, Edit Haz, 2da. Edic., 1952.
EL JUICIO HISTORICO SOBRE ROSAS
Lenta, pero firmemente, la verdad sobre Rosas se abre camino.
La causa de esa lentitud se explica. A Rosas le tocó actuar en pleno auge del romanticismo y del liberalismo. Sus enemigos, libres de la pesada tarea de gobernar, empuñaron la pluma e “inundaron el mundo -como dice Ernesto Quesada- con un maëlstrom de libros, folletos, opúsculos, hojas sueltas, periódicos, diarios y cuantas formas de publicidad existen”. Supieron explotar la sensiblería romántica dando a ciertas ejecuciones y asesinatos una importancia que no les corresponde dentro del cuadro histórico de la época. Los famosos degüellos de octubre del año 40 y abril del 42 pasaron a la historia hipertrofiados, como si los 20 años de gobierno de Rosas se hubiesen reducido a esos dos meses y como si su acción gubernativa no hubiese sido otra que ordenar o tolerar degüellos. Rosas, para ellos, fué un monstruo, y desde este punto de vista, que no permiten discutir, juzgan su época, sus hechos y sus intenciones. Si Rosas fusiló, no fue porque lo creyó necesario, sino para satisfacer su sed de sangre. Si luchó -aunque sea con el extranjero-, no fue por patriotismo, sino por ambición personal, o para distraer la atención del pueblo y mantenerse en el poder. Si expedicionó al desierto, fue para formarse un ejército. Si efectuó un censo, fue para catalogar unitarios y perseguirlos. Si ordenó una matanza de perros, que se habían multiplicado terriblemente en la ciudad, lo hizo para instigar una matanza de unitarios. Y así, mil cosas más. Naturalmente, de todo esto resultó un Rosas gigantesco por su maldad, “un Calígula del siglo XIX”, es decir, el Rosas terrible que necesitaban los unitarios para justificar sus derrotas y sus traiciones.
Como la historia la escribieron los emigrados que regresaron después de Caseros, ese Rosas pasó a la posteridad, y desde entonces todas las generaciones han aprendido a odiarlo desde la escuela. Sólo así se explica que aun perdure en el pueblo el prejuicio fruto del manual de Grosso y de las horripilantes escenas de la Mazorca conocidas a través de Amalia o de alguna recopilación de “diabluras del Tirano.”
Afortunadamente, en la pequeña minoría que estudia la historia se evidencia una reacción. Los libros nuevos que tratan seriamente el debatido tema lo hacen con un criterio cada vez más imparcial. Tal es el caso de las interesantes obras publicadas en 1930 por Carlos Ibarguren y Alfredo Fernández García.
“Donde hay un hombre, hay una luz y una sombra”, se ha dicho. Rosas, como hombre que fue, cometió errores, pero no crímenes, porque “el delito -como él mismo escribió en su juventud- lo constituye la voluntad de delinquir”, y es absolutamente infundada la afirmación de que él la tuvo. Cuando se habla de su reivindicación, no se trata de presentarlo sin mancha a los ojos de la posteridad, como han querido presentarse sus enemigos, ni tampoco de “disculparlo”, como dicen algunos con cierto retintín cada vez que oyen hablar de cualquiera de sus innegables aciertos. El perdón supone el crimen, y la facultad de concederlo no pertenece a la historia, sino a Dios. De lo que se trata es, simplemente, de presentarlo tal cual fué, con sus errores y con sus aciertos, ya que los primeros no tienen la propiedad de borrar los segundos, tal como los numerosos fusilamientos ordenados por Lavalle y Lamadrid en sus campañas no extinguen ni una partícula de la gloria que les corresponde por el valor legendario de que dieron pruebas en la guerra de la independencia. La vida pública de esos hombres no es un todo indivisible que se pueda condenar o glorificar en globo. Por eso es absurda en nuestros días esa fobia oficial antirrosista que, haciéndose cómplice de lo que podríamos llamar conspiración del olvido, excluye sistemáticamente el nombre de Rosas de las calles y paseos públicos mientras se le concede ese honor a una porción de personajes anodinos, cuando no traidores o enemigos de la patria. (No sólo se excluye el nombre de Rosas, sino que se procura excluir el de todo personaje rosista o hecho de armas favorable a Rosas. Para citar un ejemplo, ninguna calle de Buenos Aires lleva el nombre de Costa Brava, combate en que se cubrió de gloria la armada argentina derrotando a la oriental, que mandaba José Garibaldi. Sin embargo, este aventurero, saqueador e incendiario tiene hoy varias calles y monumentos, y -parece increíble- lleva su nombre un guardacostas de esa armada nacional contra la cual luchó pérfida y deslealmente. A ese extremo ha llegado la pasión antirrosista.)
La “tiranía” no fue un hombre sino una época en que todos emplearon cuando pudieron los mismos métodos. Rosas no “abrió el torrente de la demagogia popular”, como se ha dicho con más literatura que acierto. Lo tomó desbordado como estaba, tal como no quisieron tomarlo ni San Martín ni otros hombres de valer; lo encauzó dirigiéndolo hacia un buen fin, lo siguió unas veces y otras lo contuvo con su acostumbrada energía.
Es muy cómodo, pero muy injusto, cargar sobre Rosas toda la responsabilidad de una época semejante.
Cuando se habla del terror, de los abusos, de los crímenes, es preciso averiguar, no sólo lo que hizo Rosas, sino también lo que hicieron sus enemigos, algo de lo cual hemos de bosquejar en el presente ensayo. Dentro de lo hecho en el campo federal, hay que delimitar bien lo que ordenó Rosas, lo que se hizo con su tolerancia y lo que se hizo contra su voluntad. Y finalmente, dentro de lo que ordenó Rosas, es preciso establecer cuándo hubo abuso, cuándo obró justamente -porque al fin y al cabo, era autoridad legal (Esta circunstancia parece haber sido olvidada por los severos juzgadores de la “tiranía” Una cosa es el fusilamiento ordenado por quien ha sido investido por la ley con la suma del poder público y desempeña el gobierno cumpliendo la misión que se le encomendó, y otra es el fusilamiento por orden de un general levantado en armas contra la autoridad legítima. Cuando Rosas, los gobernadores de provincias o los generales gubernistas en campaña daban muerte a los unitarios sublevados, no hacían más que aplicar los artículos de las ordenanzas españolas, que establecían lo siguiente: “Art.26- Los que emprendieren cualquier sedición, conspiración o motín, o indujeron a cometer estos delitos contra mi real servicio, seguridad de las plazas y países de mis dominios, contra la tropa, su comandante u oficiales, serán ahorcados, en cualquier número que sean.” ((Colón reformado, tomo III, pág. 278)) “Art.168.- Los que induciendo y determinando a los rebeldes hubieren promovido o sostuvieren la rebelión, y los caudillos principales de ésta, serán castigados con la pena de muerte.” ((Colón reformado, tomo III, pág. 43)) Igual pena establecían las ordenanzas para los desertores. Esas eran las leyes penales que regían entonces. Y Rosas -autoridad legal con la suma del poder público- las aplicaba. Pero sus detractores parecen creer que en esos tiempos estaba en vigencia el Código Penal de 1921.)- y cuándo obró de manera que sería condenable en circunstancias normales, pero que en las suyas era una legítima defensa contra iguales métodos de sus contrarios. Sólo así tendremos la base sobre la cual se ha de asentar el juicio definitivo. Con repetir a priori que Rosas fué el “principal responsable”, nos habremos ahorrado ese trabajo previo, pero no probaremos nada.
Además, por encima de esa investigación imparcial, es necesario que varíe el criterio con que se juzga esa época. Antes se la juzgaba con criterio romántico y liberal. Hoy, que el romanticismo está en decadencia, priva un criterio objetivo, pero aún no despojado de la influencia liberal. Por eso, al juzgar a Rosas, muchos creen condenarlo, y en realidad condenan, no al hombre, sino al sistema: la dictadura. No se contentan con juzgar lo que hizo Rosas, sino que le señalan también lo que debió hacer, y como tienen prejuicios liberales, concluyen: Rosas debió dar al país una constitución liberal y democrática. Pudo hacerlo y no lo hizo. Luego: su gobierno fué estéril.
Tal razonamiento es muy discutible. Sería preciso averiguar si Rosas realmente hubiera podido constituir al país. Y suponiendo que hubiera podido, aún quedaría por averiguar si hubiese debido hacerlo. Para los liberales, eso no admite dudas. Para los que creen que era preciso consumar previamente la unidad política y geográfica del país y dejar luego que la tradición presidiese su constitución natural, la cuestión varía de aspecto.
No condenemos, pues, a Rosas por haber omitido hacer lo que el liberalismo juzga que debió haber hecho. Juzguémoslo a través de lo que hizo: consolidar la unión nacional y mantener la integridad del territorio, preparándolo para la organización definitiva. Ésa es su gloria. Cuando se lo juzgue con simple buen sentido y, por consiguiente, sin prejuicios liberales, le será reconocida.
I.-
El régimen del terror tiene en nuestra historia antecedentes muy anteriores a la época de Rosas.
Desde la independencia argentina, fué aplicado por casi todos los gobiernos. La Junta de 1810 ya había formado su doctrina en el Plan de las operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia, atribuido a Mariano Moreno. En este célebre documento se sostiene que con los enemigos declarados: ”...debe observar el gobierno una conducta, las más cruel y sanguinaria; la menor especie debe ser castigada. La menor semiprueba de hechos, palabras, etc., contra la causa, debe castigarse con pena capital, principalmente cuando concurran las circunstancias de recaer en sujetos de talento, riqueza, carácter...” Y luego añadía: “No debe escandalizar el sentido de mis voces; de cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa...Y si no, ¿porqué nos pintan a la libertad ciega y armada de un puñal?. Porque ningún Estado envejecido o provincias pueden regenerarse ni cortar sus corrompidos abusos sin verter arroyos de sangre.”
El plan revolucionario no quedó en el papel. En su cumplimiento cayeron en Córdoba, el 26 de agosto de 1810, Liniers, Gutiérrez de la Concha, Allende, Rodríguez y Moreno, en virtud del siguiente decreto de la Junta, obra del mismo autor del Plan:
“Los sagrados derechos del Rey y de la Patria han armado el brazo de la justicia. Y esta Junta ha fulminado sentencia contra los conquistadores de Córdoba, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, don Victoriano Rodríguez, el coronel Allende y el oficial real Juan Moreno. En el momento en que todos o cada uno de ellos sea pillado, sean cuales fueren las circunstancias, se efectuará esta resolución, sin dar lugar a minutos que proporcionen ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y honor de V.S. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los jefes del Perú, que se abandonan a mil excesos por la esperanza de la impunidad, y es, al mismo tiempo, la prueba fundamental de la utilidad y energía con que llena esa expedición los importantes objetos a que se destina.”
Vencidos los realistas en Suipacha, la tragedia de Córdoba se repitió en el Alto Perú. El 15 de diciembre del mismo año cayeron, en la Plaza Mayor de Potosí, el mariscal Vicente Nieto, el capitán de navío y brigadier José de Córdoba y Rojas y el gobernador intendente Francisco de Paula Sanz, fusilados por orden del representante de la Junta, Juan José Castelli.
Mientras tanto, en Buenos Aires, era ejecutado don Basilio Viola, sin formación de causa, por creérsele en correspondencia con los españoles de Montevideo.
Pero no es sólo en virtud del Plan de Moreno que se fusila, ni son sólo españoles los que caen. En 1811 se produce una sublevación del regimiento criollo de Patricios. La causa remota fué el descontento producido por el alejamiento de Saavedra; la próxima, la orden de suprimir las trenzas. Como consecuencia del motín fueron condenados a muerte cuatro sargentos, tres cabos y cuatro soldados, y sus cuerpos se exhibieron al vecindario colgados en horcas en la Plaza de la Victoria. Esta represión fué obra de Bernardino Rivadavia, alma del primer Triunvirato.
Al año siguiente, 1812, se produce la conspiración de Álzaga, y también es ahogada en sangre por Rivadavia. Después del fusilamiento del jefe y los principales cabecillas, se realiza una matanza popular de españoles.
“Las partidas -dice Corbiere- buscaban a los españoles prestigiosos y sospechados de monárquicos, en sus casas, para matarlos, sin que autoridad alguna les detuviera la mano. Bastaba ser godo, apodo dado a los peninsulares, para que el populacho, formado de gauchos, mulatos, negros, indios y mestizos, capitaneado por caudillos del momento, se arrojase sobre la víctima y la ultimase a golpes, siendo arrastrado el cadáver hasta la Plaza de la Victoria, donde quedaba colgado de la horca; exactamente como habían procedido, en situación semejante, los populachos de Quito y Bogotá, tres años antes. Durante varios días se practicó <la caza de españoles> y la fobia de los cazadores siguió celebrándose con explosión patriótica justificada por el crimen que significaba la fracasada conspiración...Un mes duró el terror. La Plaza de la Victoria mostró más de cuarenta víctimas del fanatismo popular, que los victimarios miraron con la satisfacción del deber cumplido.”
Puso fin a este mes trágico un decreto-proclama del Triunvirato, cuyo texto comenzaba así: “¡Ciudadanos, basta de sangre! perecieron ya los principales autores de la conspiración y es necesario que la clemencia substituya a la justicia.” Y terminaba en la siguiente forma: “El gobierno se halla altamente satisfecho de vuestra conducta y la patria fija sus esperanzas sobre vuestras virtudes sin ejemplo. Buenos Aires, 24 de julio de 1812.- Feliciano Antonio Chiclana, Juan Martín de Pueyrredón, Bernardino Rivadavia. Nicolás de Herrera, secretario.”
Cuando en octubre de 1840 se repitieron escenas semejantes, no constituyeron, pues, una novedad para Buenos Aires. Ni siquiera el decreto del 31 de octubre, con que Rosas puso fin a las mazorcadas, pudo sorprender a nadie. Rosas no innovaba. Seguía el ejemplo de su antecesor Bernardino Rivadavia. (Debemos hacer notar aquí una diferencia, las víctimas de este último no eran argentinos unidos al enemigo extranjero; eran españoles, fieles a su patria y a su rey. Con todo, mientras a Rivadavia se le alaba su energía, a Rosas se le reprocha su crueldad. Tal es la lógica sobre la cual se pretende fundamentar el odio a Rosas, cuando ella misma está falseada por este odio.)
No terminó con el primer Triunvirato el régimen del terror. Un decreto del 23 de diciembre del mismo año ordena lo siguiente: “1° Ninguna reunión de españoles europeos pasará de tres, y en caso de contravención serán sorteados y pasados por las armas irremisiblemente, y si ésta fuese de muchas personas sospechosas a la causa de la patria, nocturna, o en parajes excusados, los que la compongan serán castigados con pena de muerte. 2° No podrá español alguno montar a caballo, ni en la Capital ni en su recinto, si no tuviere expresa licencia del Intendente de Policía, bajo las penas pecuniarias u otras que se consideren justas, según la calidad de las personas en caso de contravención. 3° Será ejecutado incontinenti con pena capital el que se aprehenda en un transfugato con dirección a Montevideo, ese otro punto de los enemigos del país, y el que supiere que alguno lo intenta y no lo delatare, probado que sea será castigado con la misma pena.” Este decreto lleva las firmas de Juan José Passo, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez de Jonte y José Ramón de Basavilbaso.
Los gobiernos revolucionarios posteriores no se mostraron más suaves en la represión de las actividades subversivas. Alvear, el 28 de marzo de 1815, dicta un decreto terrorista en que se pena con la muerte a los españoles y americanos que de palabra o por escrito ataquen el sistema de libertad e independencia; a los que divulguen especies alarmantes de las cuales acaezca alteración del orden público; a los que intenten seducir soldados o promuevan su deserción, y reputa como cómplices a quienes, teniendo conocimiento de una conspiración contra la autoridad no la denuncien. Diez días después de este decreto, el 7 de abril, domingo de Pascuas, amanecía colgado frente a la Catedral el cadáver del capitán Marcos Ubeda. Acusado de conspirar, había sido juzgado en cinco horas y fusilado dos horas después. Las familias porteñas que concurrían a misa pudieron presenciar el espectáculo, y ello influyó no poco en la estrepitosa caída de Alvear, que se produjo a los ocho días de la terrorífica exhibición. Pero el método ya había sido introducido en la vida política argentina y era imposible detenerlo. Actos como éste traían otros, a título de represalia. Caído Alvear, le sucede Álvarez Thomas, quien designa una comisión militar y otra civil para juzgar los delitos cometidos bajo el breve período que en documentos públicos -15 años antes de Rosas- se llamó la “tiranía” de Alvear. La comisión militar, presidida por el general Soler, procesó al coronel Enrique Payllardel por haber presidido el consejo de guerra que condenó a Ubeda. Payllardel fué también condenado a muerte, ejecutándose la sentencia.
Transcurren los primeros años de la independencia y se sigue derramando sangre. En 1817 son fusilados Juan Francisco Borges y algunos compañeros, por orden de Belgrano. En 1819, a raíz de una sublevación de prisioneros españoles en San Luis, son degollados el brigadier Ordóñez, los coroneles Primo de Rivera y Morgado y todos los jefes y oficiales. En 1820, Martín Rodríguez ordena el fusilamiento de dos cabecillas del motín del 5 de octubre del mismo año.
En 1823, Rivadavia, como ministro de Rodríguez, y a raíz de la intentona revolucionaria del 19 de marzo, motivada por su reforma religiosa, ordena el fusilamiento de Francisco García, Benito Peralta, José María Urien, doctor Gregorio Tagle y comandante José Hilarión Castro. García fué ejecutado el día 24, al borde del foso de la Fortaleza, Peralta y Urien lo fueron el 9 de abril. El comandante Castro logró escapar, e igualmente el doctor Tagle, a quien facilitó la fuga, en nobilísimo gesto, el coronel Dorrego.
En este mismo año de 1823 gobernaba en Tucumán don Javier López, el general unitario que en 1830 solicitaría al gobierno de Buenos Aires la entrega del “famoso criminal” Juan Facundo Quiroga. El general López ejerció en Tucumán una dictadura sangrienta, de la cual Zinny hace el siguiente comentario: “Raro fué el ciudadano de Tucumán que no hubiera sido vejado y oprimido; todas las garantías públicas y privadas fueron atacadas; más de cuarenta víctimas se inmolaron al deseo obstinado de sostenerse en el mando contra la voluntad general; más de mil habitantes útiles al país desaparecieron de su suelo desde que este jefe encabezara la guerra civil. He aquí -añade Zinny- la lista de los fusilados sin formación de causa:
“Don Pedro Juan Aráoz, comandante Fernando Gordillo, general Martín Bustos, capitán Mariano Villa, fusilados en un día, con dos horas de plazo. Don Agustín Suárez, don Manuel Videla, azotados y, a las dos horas, fusilados. Don Basilio Acosta. Don Baltazar Pérez. General Bernabé Aráoz, fusilado clandestinamente en Las Trancas. Don Vicente Frías. Don Beledonio Méndez, descuartizado en la plaza. Don N. Piquito, descuartizado en Montero. Don Isidro Medrano. Don Eusebio Galván, degollado por el oficial S... Don Romualdo Acosta. Don Félix Palavecino. Don Baltazar Núñez. Comandante Luis Carrasco, con sus dos asistentes, y muchos otros.”
He aquí cómo, en aquel remoto año de 1823, cuando aún no se había iniciado francamente la lucha entre federales y unitarios, ya sientan el precedente sangriento nada menos que el padre del unitarismo, en Buenos Aires, y uno de sus principales generales, en Tucumán.
