Publicado en el Periódico El Restaurador - Año XIII N° 52 - Setiembre 2019 - Pags. 8 y 9
El polémico tratado Roca Runciman
Por la Profesora Beatriz C. Doallo
El 20 de febrero de 1932, triunfante en elecciones viciadas de fraude, el General Agustín Pedro Justo asumió la primera magistratura de la República Argentina, con Julio Argentino Roca (h) como vicepresidente. Aliado del General José Félix Uriburu en la revolución que el 6 de septiembre de 1930 derrocara al presidente Hipólito Yrigoyen, al acceder a la Presidencia el General Justo ponía un aparente fin constitucional al gobierno de facto castrense, llamado Provisoriato. Y se enfrentaba a una labor compleja en un contexto de democracia restringida, con el ex-presidente Yrigoyen preso en la isla Martín García y la Unión Cívica Radical en estado de abstención revolucionaria.
La crisis económica mundial desatada en 1929 por la caída de la Bolsa de Nueva York repercutía de manera dolorosa en nuestro país. Desde 1931 el gobierno había recurrido a medidas drásticas e impopulares para aligerar el presupuesto y acrecentar los magros ingresos del fisco: cesantías en la superpoblada administración pública, incremento de impuestos sobre inmuebles, derechos aduaneros, combustibles, franqueo postal y tarifas telegráficas y telefónicas. En un intento por paliar los despidos se apeló a planes viales que dieron origen al dicho popular: “Andá a hacer caminos”. El primer año de gobierno del general Justo estuvo marcado por el encarecimiento de los consumos indispensables –la palabra ”inflación” aún no figuraba en nuestro vocabulario– el desempleo y el aumento de la población en los barrios pobres suburbanos. La desocupación y las secuelas de las bajas remuneraciones eran temidas tanto por el obrero o el peón de campo como por el empleado de oficina o el dependiente de almacén.
Los sectores de altos ingresos también estaban asustados, y con razón. Se hallaba paralizada casi por completo la exportación de nuestros productos agropecuarios, la deuda externa era enorme y se carecía de mercaderías y maquinarias para mantener el comercio interno y una actividad industrial mediana. Inglaterra era –o había sido– el principal importador europeo de carnes argentinas. El desastre financiero que significaría para Argentina la posible pérdida de ese mercado tradicional era algo que se veía venir desde la conferencia de Ottawa en julio de 1932, donde se acordó un círculo económico proteccionista entre Londres y los Dominios británicos.
A fines de 1932 el gobierno dispuso que una misión encabezada por el Vicepresidente Roca viajara a Londres a negociar nuevas condiciones deI intercambio comercial argentino–británico. El hijo del Conquistador del Desierto partió el 11 de enero de 1933 en el vapor Arlanza, acompañado de destacados asesores, entre ellos el economista Raúl Prebisch y el ministro de Agricultura Miguel Ángel Cárcano.
Las negociaciones se iniciaron a mediados de febrero, tras los agasajos protocolares ofrecidos por el príncipe de Gales, el Primer Ministro Ramsay Mac Donald, el canciller John Simon y el Ministro de Comercio Walter Runciman.
Fue en un convite en el palacio de Saint James donde uno de los párrafos de un discurso que pronunció Roca encendió la chispa de la controversia en nuestro país: “La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad económica de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”.
Aunque se trataba del concepto más contrario al nacionalismo que se podía expresar, fuerza es reconocer que era la verdad. Desde la mitad del siglo XIX, el comercio entre Argentina y el Reino Unido había sido fundamental para nuestra economía, y el innegable soporte del desarrollo del país. Se calcula que en 1933 las inversiones inglesas en Argentina sobrepasaban los 600 millones de libras esterlinas, de las cuales el 50% correspondían a la cada vez más extensa red de ferrocarriles.
El 1° de mayo de 1933 Roca y Runciman firmaron la “Convención y Protocolo entre el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Argentina”. Redactado en español e inglés, la Convención constaba de cinco artículos, el Protocolo de once Declaraciones de los plenipotenciarios de cada gobierno. El artículo 1° establecía:
“El gobierno del Reino Unido, reconociendo plenamente la importancia de la Industria de la carne vacuna enfriada “chilled beef” en la vida económica de la República Argentina, no impondrá ninguna restricción a las importaciones en el Reino Unido de carne vacuna enfriada proveniente de la Argentina, en cualquier trimestre del año, que reduzca las importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente del año terminado el 30 de junio de 1932, a menos y tan sólo, cuando a juicio del Reino Unido, después de haber consultado al gobierno Argentino e intercambiado con éste toda información pertinente, ello fuera necesario para asegurar un nivel remunerativo de precios del mercado del Reino Unido; la restricción no será mantenida si resultara que las importaciones así excluidas fueron reemplazadas por aumentos de las importaciones en el Reino Unido de otras clases de carnes (siempre que no se trate de embarques experimentales de carne vacuna enfriada de otras partes de la Comunidad Británica de Naciones) que vinieran a neutralizar el efecto deseado sobre los precios”.
Por este comienzo era fácil deducir hacia donde soplaba el viento. Los opositores al gobierno de Justo y gran parte de la ciudadanía calificaron el Tratado de “una manera de entregarnos atados de pies y manos a los ingleses”. También hubo desacuerdos en el Gabinete: el Ministro de Hacienda, Alberto Hueyo, renunció, disconforme con las condiciones del convenio.
Puesto en términos sencillos el farragoso documento, el Tratado autorizó a Inglaterra el manejo del 85% de la carne exportable argentina. La exportación de esas carnes se hizo por intermedio de frigoríficos ingleses instalados en nuestro país y se cargó en barcos ingleses. Además, se rebajaron las tarifas aduaneras para determinadas mercaderías procedentes del Reino Unido y se dieron facilidades a capitalistas ingleses para inversiones y radicaciones.
Esto último derivó en la creación de varias empresas, entre ellas la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de los compromisos contraídos por la misión en Inglaterra, en 1933 vino a Buenos Aires el financista inglés Otto Niemeyer con el propósito de estudiar nuestras finanzas y asesorarnos en el destino que debíamos dar a nuestro dinero. Como resultado de esta visita se estableció el control de cambio y quedaron asentadas las bases para la creación del Banco Central.
A fin de sancionar el acuerdo, el Senado se reunió el 27 de julio de 1933, sesión en la que el líder de la oposición y fundador del Partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, expresó en su discurso: “Alguna explicación hay que buscar ante el hecho enorme de que en la Argentina podrán trabajar persiguiendo lucro privado las empresa extranjeras, Y no lo podrán hacer las empresas nacionales. (…) El gobierno inglés dice: “Le permito que fomente la organización de los frigoríficos cooperativos y no le permito que fomente la organización de compañías individuales que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros”. En estas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un Dominio británico, porque Inglaterra no se tomó la libertad de imponer a los Dominios británicos semejantes humillaciones. (…) Inglaterra tiene respeto a esas comunidades de personalidad internacional restringida que forman parte de su imperio, más respeto que por el gobierno argentino. No sé si después de eso podremos seguir diciendo: ¡Al gran pueblo argentino, salud!”
El Tratado fue sancionado el 28 de julio de 1933 y promulgado el 31 de ese mes. Lisandro de la Torre no cejó en sus protestas y, un par de años después, investigó y denunció en el Senado las consecuencias onerosas para Argentina del monopolio inglés en el comercio de carnes. En medio del violento debate, Ramón Valdez Cora, del Partido Conservador, le efectuó varios disparos que causaron la muerte de Enzo Bordabehere, compañero de banca de de la Torre, a quien trató de proteger. En 1939, desalentado por su lucha impotente contra la corrupción, Lisandro de la Torre renunció a su cargo de Senador y se suicidó.
Aún hoy el llamado Pacto Roca-Runciman da tema para la discusión.
¿Hubo influencia de intereses particulares argentinos e ingleses? ¿Fue revelación de dependencia comercial? Dejemos el análisis a un historiador: “Las críticas formuladas contra el gobierno de Justo ante la aceptación de estos términos tendían a ignorar el hecho de que carecía de alternativa. En las condiciones dadas, el tratado Roca-Runciman disipó una sombría nube que se cernía sobre toda la economía, y no sólo sobre los intereses de los grandes terratenientes – hecho reconocido aún por los dirigentes sindicales de la época. Pero la severidad de los términos del tratado contribuyó a provocar una reacción nacionalista, especialmente en los miembros de la generación más joven, que habría de influir sobre los hechos de la década siguiente”. (*)
(*) Robert A. Potash: “El ejército y la política en la Argentina.1928-1945 de Yrigoyen a Perón”. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971.
