REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA
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Así llamamos a esta seccción en la que incluiremos distintos artículos de gran interés histórico, poco conocidos por el público en general, publicados hace ya muchísimos años, que redescubrimos justamente "revolviendo" nuestra biblioteca.
Hoy encontré en la "Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas" N° 6 de diciembre de 1940, un artículo muy interesante, sobre el tema de las "confiscaciones" desde la época de la Revolución de Mayo y gobiernos posteriores.
ROSAS, LAS CONFISCACIONES Y LO QUE OCULTAN SUS DETRACTORES
Por E.T. Corvalán Posee
“Cuando estudiemos el pasado, no juzguemos a los hombres desvinculados de la época…Y veremos también cómo Rosas, maldecido como tirano, realizó consciente o inconscientemente, una obra de unificación que permitió la organización nacional”. Alfredo L. Palacios (Socialista).
Algunos
“historiadores” y escritores “amantes de la verdad histórica” que se han
ocupado de Rosas y de su época en estos últimos tiempos, entre los “cargos
graves” que le achacan al dictador, recuerdan a cada paso las mentadas
“confiscaciones de bienes” y el “reparto de las tierras públicas entre miles de
sus secuaces”. Vamos a dar por ciertas tales afirmaciones y se verá porqué
decimos esto (1) ¿Sería ello un delito y un cargo que sólo a Rosas se le podría
imputar en el país? ¿Sería, acaso, Rosas el único gobernante argentino que
hubiera hecho tal cosa? ¿Sólo Rosas repartió tierras entre “sus secuaces”? ¡Evidentemente,
no! ¿Entonces de qué lo acusan a Rosas? ¿Acaso de haber copiado o puesto en
práctica un sistema que él no inventó? ¿De haber hecho lo mismo que hicieron
sus antecesores, sus enemigos, sus contemporáneos y los que le sucedieron en el
poder? (2). ¿Debemos escandalizarnos y poner el grito en el cielo sólo cuando
de Rosas se trata?.
Esos
“historiadores” y escritores ¿no han leído, aunque no sea más que por
casualidad, o no han sido ilustrados por los “profesores” que tuvieron en las
aulas y a su paso por la Universidad, que, desde Rivadavia, pasando por el
general Lamadrid y acabando por el general Paz, todos ellos confiscaron bienes
en el país? Esos “historiadores” y escritores, ¿no han oído decir, que hubo
generales unitarios que malversaron los dineros públicos para repartirlos entre
sus secuaces y amigos “de la causa”, antes de subir Rosas al poder?
Veremos algo de la
verdad que ocultan los “amantes de la verdad histórica” y que pretenden hacer
creer que el problema de la revisión de nuestra titulada “historia” en lo que a
la época de Rosas se refiere es un problema vinculado al nazismo o relacionado
con regímenes totalitarios.
Es un problema
completamente distinto y que nada tiene que ver con ello. El problema consiste
en que nos han enseñado una “historia” que no refleja la verdad de los
acontecimientos y se pretende seguir con ella. Descubriendo el engaño casi
secular, éste se ha disipado como por artes mágicas y ya se nota en todo el
país, desde un tiempo a esta parte, la saludable reacción experimentada. Esta
acabará por imponerse a la mentira y a la insidia desde Jujuy a Tierra del
Fuego y significaría necedad y mala fe al derivar la cuestión hacia caminos
tenebrosos. Mal nombre ganarán con ello quienes lo intenten esparciendo la
venenosa especie de “que queremos volver a Rosas”. Lo que queremos –y lo
decimos de corazón– es “volver” a la verdad. Rosas habrá cometido errores y
tuvo defectos como la mayoría de los hombres, pero no es el monstruo que nos
han pintado desde la infancia los vencedores de Caseros. ¿Acaso no los
cometieron y tuvieron los unitarios? ¿Por qué, entonces, sólo Rosas debe estar
sentado en el banquillo de los acusados? ¿O, sólo los unitarios tenían
“patente” para cometer toda clase de fechorías y “felonías que ni el sepulcro
puede hacerlas desaparecer”, según la clásica frase que usó el general San
Martín para condenarlas?
Pero entremos en
materia.
Primeras
confiscaciones
Los primeros
bandos sobre confiscaciones de bienes datan de la época de la Revolución de
Mayo y uno de los dictatoriales decretos de la Junta, establecía:
“A todo patrón de
buque que conduzca pasajeros sin licencia del gobierno, irá a cadena por
cuatro años y el barco quedará confiscado. A todo individuo que se ausente de
la ciudad sin licencia del gobierno, le serán confiscados sus bienes”.
Como se ve, por el
sólo hecho de ausentarse sin permiso, el ciudadano perdía todos sus bienes.
En el año 1812, el
Triunvirato, del cual formaba parte don Juan José Paso, Feliciano Chiclana y
Manuel de Sarratea, sigue lanzando bandos y decretos en los cuales no faltan
los correspondientes articulados sobre confiscaciones de bienes. En el decreto
del 12 de enero de 1812, entre otras cosas, decía:
“…respecto de todo
se tomará razón exacta, y la propiedad de Ud. como cualquiera otra legítima
será inviolable, pero la más mínima infracción, renuncia, refugio u
ocultación a mas de poner su casa en rigurosa requisición, precipitará a Ud. a
una muerte civil. Los bienes, los hijos, la esposa, el suelo y los derechos
que le han dispensado hasta ahora este país, desaparecerán para su persona, en fuerza
de la necesidad de su conservación…”
Además, los
habitantes del país debían denunciar si tenían bienes en dinero o en especies
“pertenecientes a sujetos de la España, Brasil, Montevideo, etc.”, “dentro del
perentorio término de 48 horas contadas desde la publicación del Bando, y si no
lo verificasen y se les descubriese alguna pertenencia no manifestada, se
les confiscará irremisiblemente la mitad de sus bienes propios e incurrirá en
las penas de expatriación y privación de todos los derechos de ciudadano,
patria potestad y demás que dispensa el suelo y la protección del Gobierno del
país”.
¿Acaso no es el
general Lamadrid, en sus andanzas de unitario, el que confisca en la provincia
de Mendoza, al asumir el mando con facultades extraordinarias? “¿Cuál
fue el uso que hizo Lamadrid de esas facultades extraordinarias?”:
“Nombra su
ministro general a don Benjamín Villafañe, y comisario de guerra a don Jerónimo
Villanueva. En el acto dio un bando, ordenando la entrega de los bienes de
todos los enemigos políticos, debiendo las personas que tuviesen a su cargo
dichos intereses, presentarlos dentro de las 24 horas, so pena de perder a su
turno todos sus bienes y ser castigadas “con una severidad inflexible”,
incurriendo en una igual pena el que no delatare a los infractores. Como se
ve es el mismo sistema que tanto criticaban: Aldao y Lamadrid proceden, como
gobernantes, de igual manera, empleando iguales medios y hasta idéntica
fraseología. Ordena igualmente se levanten “listas de clasificación”,
anotando a los federales o a los prófugos; establece minuciosamente
registros en todas las casas y propiedades de las clasificados, so color de
recoger el armamento oculto. La pena a los infractores era la de la época: confiscación
de todos los bienes y servicio militar en los cuerpos de línea. En seguida
ordena se incorporen al ejército todos los hombres de 15 años a 50, estableciendo
que el que no concurra será reputado enemigo y, por ende, se incluirá en los
“clasificados”, con la respectiva confiscación de bienes, etc.”.
“Decididamente, el
pueblo mendocino no ganaba para sustos; colorados y celestes, eran el mismo
fraile con distintas alforjas. Los “libertadores” no tenían casi sino borrar la
firma de los decretos de la época del terror y suscribirlos, sin variar coma;
¡esa era la “libertad” que implantaba el partido unitario, apenas alcanzaba a
gobernar una provincia argentina!”
“Pero Lamadrid fue
más allá. No contento con el arsenal de Aldao, lo superó, creando una
especie de “consejo de los diez”, bajo el nombre de tribunal militar. Su
jurisdicción fue sencilla: “para que entienda y decida definitivamente en todos
los negocios que, por su naturaleza, sean incompatibles con las inmensas
atenciones que rodean al ministerio en las presentes circunstancias”. Dicho
tribunal se compuso del comandante Fernando Rojas, como presidente, y los
comandantes Simeón Dávila y Vicente Herquiñigo, como vocales, actuando como
secretario el capitán Gregorio J. Quirno. Más adelante Lamadrid agregó como
vocales civiles a don José María Álvarez y don Eusebio Blanco, siendo después Álvarez
reemplazado por don Tomás Ignacio Santa Ana. (Siguen los nombres). Este
tribunal desplegó una actividad terrible: instalado en septiembre 6, el día 7
requiere copia de todo decreto o bando, se adjudica una guardia militar,
organiza un cuadro de ayudantes y a las pocas horas choca con el estado mayor,
quien se resiste a su jurisdicción invasora: no había concluído el primer
día de su instalación y ya dictó dos sentencias, condenando a muerte a dos
ciudadanos; al día siguiente prosigue sus trabajos, haciendo ejecutar a diez y
siete más: como se ve, las tablas de sangre mendocinas se inauguraban bien. Ese
mismo día 8, se ocupó el tribunal de hacer efectiva la confiscación de los
bienes de los que no tuviesen patente limpia de unitarios, y asegura el
ministro “que pondrá todo su conato en hacer que las disposiciones
superiores sobre confiscación de bienes no sean ilusorias, y ordena hacer
efectivas listas de contribuciones forzosas a recaer en todo federal”. Añade
que, firme en esa resolución de hacer cumplir a todo trance los decretos y
disposiciones del gobierno, precisa ya en el momento poder contar con doce
barras de grillos”.
“El ministro
Villafañe señaló el día 12 de septiembre, a las 4, para que los “clasificados”
oblaran las contribuciones, permitiéndoseles tan sólo entregar parte de su
valor en caballos o efectos. Las confiscaciones llovieron como diluvio sobre
toda persona rica o tibia, ni los curas se escaparon. Asimismo, Lamadrid no
obtenía abundante dinero ni los artículos que necesitaba. El 14 de septiembre
prorroga por otras 48 horas el término para pagar la primera contribución de
guerra, y llena una segunda lista de “clasificados”, admitiendo animales en
pago hasta la mitad de la cuota fijada. Como si todos los vecinos pudientes
estuviesen prófugos, el tribunal militar se arrojó sobre sus señoras, y sin
respetar sexos, hizo poner grillos a las damas más respetables de Mendoza, como
a la señorita hija de don Agustín Videla”.
“¿A qué seguir?
Aquel tribunal marcial oía y resolvía sobre el tambor, a la menor denuncia; la
sentencia era: ”condena a la pena de 400 azotes, estirados sobre un burro,
debiendo recibir 100 en cada uno de los ángulos de la plaza pública el día de
mañana, y se le destinaba a los cuerpos de línea por todo el tiempo que
dure la presente guerra”. “Otras veces, cuando eran muchos los acusados e
influyentes los delatores, la sentencia era “que se sorteen y uno de ellos
sufra la pena de muerte, y los restantes presencien la ejecución, que deberá
ser en la plaza en día de mañana, y en seguida 200 azotes”. “Las sentencias
de palos y azotes era moneda corriente, y los sentenciados a muerte eran
pasados por las armas en la plaza pública”.
“No es de extrañar,
pues, que con semejantes procedimientos. “Mendoza, como San Juan, ofrecía el
aspecto de un pueblo desolado”. “Tal lo ha confesado medio siglo después en
entonces ministro de Lamadrid, Villafañe, agregando: “nadie se atrevía a
acercársenos”. (3)
Así y todo, lo
relatado no se enseña en las escuelas ni es comentado por los “historiadores
amantes de la verdad” ni por los detractores de Rosas. ¿Por qué?
¿Acaso no es el
Gral. Rivera, aliado de los “civilizados” unitarios, el que ordena y declara:
“…confiscados
todos los bienes de los habitantes de la campaña que se hayan prestado a formar
parte de los salvajes enemigos de la humanidad”? (Se refiere a los
federales).
¿No es acaso el
gobernador unitario de la provincia de Tucumán, don B. Piedrabuena, el que le
escribe al gobernador de Salta, don M. Solá, con fecha 29 de julio de 1840, lo
siguiente:
“Me dirijo en el
acto de oficio, reclamando el embargo de las mulas de Carranza, socio de
Ibarra. Le ruego como amigo, y como gobernador de Tucumán le reclamo, que no
deje transportar esas mulas. Los bienes de Ibarra deben servirnos para reparar
los daños que Ibarra les ocasione injustamente a nuestros paisanos.
Sería lo más ridículo de este mundo, que Ud. contribuyese a que se salven los
bienes de este bribón y queden impunes sus atentados”.
Como se ha visto,
todavía no estaban ocasionados los daños por Ibarra, y ya los angelicales
unitarios tomaban sus precauciones.
Con fecha 21 de
octubre de 1840, el ministro Piedrabuena insiste en estos términos:
“Pienso que los
bienes de Ibarra y los de todos aquellos a quienes se encuentren con las armas
en la mano, deben servir para indemnizar a esta provincia y a la de Salta de
los gastos hechos en una lucha que no hemos provocado. Las leyes de guerra, los
principios universalmente recibidos del derecho de gentes, nos autorizan
para apoderarnos de esos bienes”. (Los unitarios “estaban autorizados” para
apoderarse de los bienes de sus enemigos; los federales, no).
“Tal era –dice Quesada–, en su cruda desnudez, la doctrina y la práctica unitaria en materia de confiscaciones como resultante de la guerra civil: Rosas, en su famoso decreto de embargos, de septiembre de aquel año –provocado, por lo tanto, por esas declaraciones–, fue mucho más moderado y prudente. Ese era el criterio de la época: unos y otros procedieron de igual manera, y por eso la posteridad ha cesado de repetir la fraseología unitaria de los hombres que, desde el extranjero, arrojaban sobre el partido federal todo el lodo posible, motejándole de tiranía horrible, y presentándose a sí mismos como víctimas inocentes: verdadero cordero pascual perseguido por el lobo horrendo, que se llamaba Rosas… Hoy tal lenguaje de melodrama ha dejado de impresionar a los incautos; se estudia aquella época con criterio objetivo y se reconoce que, en esa lucha horrible, unos y otros echaron mano de toda clase de medios, de modo que no hay tales lobos ni tales corderos, sino hombres de ideales distintos que querían a todo trance imponer la convicción propia, siquiera –como decía Agüero– “a palos”.
¿Acaso no es el
general unitario José María Paz, el que confisca bienes en la provincia de
Entre Ríos? Esto no es una invención rosista.
El general don
Pedro Ferré, enemigo de Rosas y aliado del general José María Paz, dice al
respecto lo siguiente:
“Luego que el
general Paz pisó el Entre Ríos, empezó a confiscar de un modo informal, sin
más averiguación que los informes de los adulones, que nunca faltan en casos
semejantes, contrariando así la opinión del gobierno y la que, por su parte, me
había manifestado y asegurado sostener. Don Antonio Madariaga y el general don
Angel Nuñez fueron sus comisionados para su ejecución”. (Ferré. “Memorias”)
Más adelante,
agrega:
“A mi llegada al
Paraná, la primera queja que me dio el gobernador Seguí fue que el general Paz,
a nombre del gobierno de Corrientes, había hecho confiscar los bienes de
varios vecinos pacíficos de algunos pueblos de la provincia, sin más motivos
que ser clasificados vagamente por enemigos de la causa que sosteníamos”.
“…Estos despojos a nada sirvieron, mientras tanto quedaron algunas familias en
la indigencia, las chinas del ejército pisaban el suelo con medias de seda de
patente y los soldados jugaban efectos de quincallería con los naipes finos que
les repartía. Todos eran ya facultados para repartirse los bienes ajenos”.
(Ferré. “Memorias”).
Como se ha visto,
Lamadrid, Rivera, Piedrabuena, y el general Paz y otros que no es necesario
citar, que no eran dictadores ni tiranos con y sin facultades extraordinarias,
disponían a su arbitrio y antojo de los bienes ajenos como sí fueran propios.
Creo innecesario
extenderme más sobre las mentadas confiscaciones atribuidas sólo a don Juan
Manuel de Rosas por sus eternos detractores.
El reparto de
la tierra pública
Los
“historiadores” y escritores “amantes de la verdad histórica”, que sólo tienen
lengua para condenar a Rosas con motivo del reparto de la tierra pública con
que Rosas premiaba los servicios militares prestados a la Provincia y no a él,
que era además Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación
Argentina, con la suma del poder por la Ley, guardan un sugestivo silencio
cuando se trata de condenar los repartos de tierras y las malversaciones de
fondos públicos con que los angelicales unitarios premiaban a sus secuaces.
Hemos de apelar –como
siempre lo hacemos– al testimonio de enemigos de Rosas para que no se crea que
la pasión nos guía o que inventamos algo.
Veamos como
procedían las legislaturas de hombres libres y que no eran adulones ni serviles
y en qué perdían el tiempo.
Dice el general
Ferré en las ya citadas “Memorias”, lo siguiente refiriéndose al angelical
Lavalle:
“A fines de 1840
se reunió el congreso general de la provincia, porque cesaban entonces las
facultades dadas al gobernador para la guerra. De los representantes que se
reunieron en sus dos terceras partes, con arreglo a la Ley, la mayoría se
componía de partidarios de Lavalle, extraños a la provincia, a quienes se
agregaban otros que, por ignorancia y aspiraciones, se dejaban halagar por este
partido desorganizador (así llamaba Ferré al partido Unitario),
contrariando sus propios sentimientos con exaltación en los momentos en que el
indicado general cometió la felonía de que he hablado. (Recalco al lector que
está leyendo las memorias de un enemigo de Rosas). Sigue Ferré: “Empezaron por
dictar leyes que denominaron constitucionales, pasándolas al P. Ejecutivo para
su promulgación. Me resistí a esto, porque no revestían la forma legal ni
llenaban los requisitos necesarios. Todos estos hechos fueron publicados
por la prensa, lo que me excusa su repetición; sin que pueda dejar de hacerlo
respecto de la Ley de premios dictada en esa mismo ocasión. Por ella
quedaban asignados al general Lavalle, jefes y oficiales del ejército
libertador cien leguas de terreno en las costas del río Bermejo (estos
angelitos unitarios no acrecentaban nunca sus patrimonios cuando no podían
hacerlo), que debían ser distribuidas por el mismo general, reservándose
diez leguas cuadradas para él”. (Aquí debemos reconocer que el general
Lavalle era “menos ambicioso” que Rosas, pues se conformaba con algunas leguas
menos, porque no pudo obtener más).
Sigue Ferré: “El
mérito de Lavalle para Corrientes no era entonces otro que el que yo había
hecho público en mi proclama de 5 de agosto, y ratificado en mi mensaje, de
manera que en su verdadero punto de vista, era éste un general traidor
sublevado; de ello empezó a dar muestras desde que pisó el Entre Ríos,
principiando por suprimir la proclama del gobierno de Corrientes a los
habitantes de aquella provincia, suplantándola con la de él. Después no hizo
más que sacrificar a los correntinos, víctimas de sus locos desvaríos, regando
con sangre todos los ámbitos de los pueblos del Plata, salvándose el resto a
través de las heladas cumbres de los Andes y de los peligrosos desiertos del
Chaco. Igual área del mismo territorio me asignó la misma Ley, a mí, al
general Paz y a los jefes y oficiales del ejército de reserva”.
Como se ha visto,
en lugar de luchar por la “libertad”, perdían “lastimosamente el tiempo” en
repartirse las tierras públicas con el único y deliberado objeto “de no
acrecentar sus patrimonios”, porque ellos, los unitarios, no eran como los
vulgares federales que acrecentaban los suyos.
En cuanto al
reparto de las tierras públicas, creo que para muestra, les ha de bastar y
sobrar a los calumniadores de Rosas, con ese solo botón.
Malversación de
los dineros públicos
En lo que se
refiere a la malversación de los dineros públicos, es más que significativo el
silencio que guardan siempre los “historiadores” y escritores “amantes de la
verdad histórica”. La tinta nunca les alcanza para citarlas. Se les rompe la
pluma o pierden la memoria como por arte de encantamiento cuando tropiezan con
las malversaciones de fondos cometidas por el general Juan Lavalle.
Como exordio y
también para que no se crea que tratamos de inventar algo contra el glorioso
guerrero de la Independencia y héroe de Río Bamba, general Lavalle,
transcribiremos un juicio de un escritor extranjero que se destacó en vida por
su hidrofobia antirrosista. He nombrado a Paul Groussac. Este, refiriéndose a
la breve dictadura ejercida por el general Lavalle, después del famoso motín de
diciembre de 1828, dice lo siguiente:
“A la víctima
ilustre de Navarro siguieron muchas otras y la sentencia “legal” que precedió a
las ejecuciones de Mesa, Manrique, Cano y otros prisioneros de guerra, no borra
su iniquidad…Delaciones, adulaciones, destierros, fusilamientos de
adversarios, conato de despojo, distribución de los dineros públicos entre los
amigos de la causa: se ve que Lavalle en materia de abusos –y aparte de su
número y tamaño– poco dejaba que innovar al sucesor. Sin comparar, pues, la
inconsciencia de uno a la perversidad del otro, ni una dictadura de seis meses
a una tiranía de veinte años, queda explicado el doble fenómeno del despotismo
creciente, por desarrollo natural, al par que el de su impresión decreciente en
las almas pasivas, de muy antes desmoralizadas por la semejanza de los actos,
fuera cual fuera la diferencia de las personas”. (Ver: “Estudios de la Historia
Argentina”, pág. 204).
Con mucho acierto,
don Alberto Ezcurra Medrano, tomando nota de las últimas palabras de don Paul
Groussac, ha dicho.
“Dejando a un lado
las sutiles diferenciaciones entre “inconsciencia y perversidad, dictadura y
tiranía”, según se trate de Lavalle o de Rosas, nos parece ridículo pretender
que en veinte años se hubiesen cometido menos atrocidades que en seis meses.
Sería preciso ver lo que habría hecho Lavalle si hubiera tenido que gobernar
veinte años en las circunstancias en que gobernó Rosas. Y si nos atenemos
estrictamente a comparar los seis meses que gobernó Lavalle con seis meses
tomados al azar en el gobierno de Rosas, no creemos que el primero salga muy
favorecido”.
“El año de su
gobierno (el de Lavalle) ha sido el único de esa época terrible en que, en la
ciudad de Buenos Aires, las defunciones fueron superiores a los nacimientos (4)
y tan sólo en las elecciones del 26 de julio hubo 76 víctimas entre muertos y
heridos. Uniendo a esto las numerosas deportaciones, resulta que ese año
disminuyó la población de Buenos Aires, hecho que no se registró durante la
época de Rosas ni en el famoso año 40”. (5)
Y volvemos al
punto de partida: la malversación de los dineros públicos. Después del “bochornoso
motín” , como lo calificara el general don José de San Martín, al
movimiento revolucionario de diciembre de 1828 encabezado por el general don Juan
Lavalle, éste no trepida un solo instante en apoderarse de los dineros
públicos, y el 19 de agosto de 1829 dicta el edificante decreto por el cual
mandó entregar a sus compañeros de causa, los coroneles Suárez, Olavarría,
Vega, Martínez, Vilela, Medina, Quesada, Díaz, Thompson, Acha y Maciel, la
cantidad de 25.000 pesos a cada uno, “por la parte que han tenido en las disensiones
civiles” y “teniendo en cuenta la necesidad de ponerlos a cubierto de
los sucesos venideros”. Eran en total 275.000 pesos, que el general Lavalle
tomó del exhausto tesoro de la provincia de Buenos Aires.
En esa forma el
general Lavalle repartió y despilfarró un dinero que no era suyo entre sus
compañeros de causa o sus secuaces, dádiva que recibieron los nombrados
militares sin objeción alguna, colocándose así a la altura de jefes de bandas
mercenarias.
Para estos
edificantes hechos, los “historiadores” y escritores “amantes de la verdad
histórica” no tienen una sola palabra de censura y si por casualidad llegan a
ocuparse del asunto, lo califican como “pequeños errores” del general Lavalle.
Como se ha visto,
el general Lavalle no era hombre que perdiera el tiempo en pequeñas minucias.
Iba a lo grande, pues para eso luchaba por la “libertad”.
Las
expediciones al desierto. Sus premios
Con motivo de la
expedición al desierto que llevó a cabo don Juan Manuel de Rosas, en el año
1833, la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,
premió a Rosas otorgándole en donación la isla de Choele-Choele, por sus
servicios en la empresa de asegurar y extender las fronteras. “Pero Rosas se
negó a aceptarla, alegando que esta isla, por su posición y su importancia,
jamás debía salir del dominio de la Provincia; en vista de lo cual la legislatura
le acordó un premio en tierras”, consistente en sesenta leguas de campo.
Este hecho ha
escandalizado a los detractores de Rosas. Es para ello un acto que no tiene
nombre. “Nunca se ha visto en el país osadía semejante: donar tierra por una
expedición al desierto”. Sucedió así, porque Rosas “tenía cámaras compuestas
por representantes que eran unos serviles”.
Es interesante que
el lector sepa que, a pesar “de la ley de 6 de febrero que autorizaba al Poder
Ejecutivo para negociar un crédito de un millón de pesos moneda corriente a
objeto de costear los gastos de la expedición (de Rosas), afectando a su cargo
la tierra pública, y asignando para el servicio de los intereses un impuesto de
doce reales que pagaría cada cabeza de ganado introducida para el consumo y
saladeros, el comandante en jefe de la división izquierda recibió una nota del
ministerio de la Guerra en la que se le comunicaba que "el gobierno no podía
proveerla de vestuario, municiones, pertrechos, caballadas ni ganado para el
consumo, y previniéndole que por consiguiente no podía él girar sobre el
ministerio de Hacienda, para lo cual se le había autorizado anteriormente”.
Advertimos “que ni
el sueldo de general se le abonaba a Rosas, pues en las listas de la plana
mayor del ejército de la izquierda no figura el nombre de ese jefe a los
efectos de la revista de comisario, según se acredita por el informe que
expidió el Archivo General. No obstante todo esto, Rosas fijó su resolución
de hacer la campaña con sus recursos propios y con los de sus amigos”. Esto
es ocultado cuidadosamente por los difamadores de Rosas.
Transcurren los
años. Con el andar del tiempo otro ilustre argentino realiza una nueva
expedición al desierto con toda clase de recursos: el general Julio Argentino
Roca.
En el año 1879 “la
misma legislatura de Buenos Aires (que ya no tenía diputados serviles) donó
veinte leguas de campo al general Julio A. Roca”, por su expedición al desierto
y en su calidad de jefe de la misma. En torno a este hecho, los “amantes de
la verdad histórica”, guardan un llamativo silencio. Sólo Rosas aparece
recibiendo premios.
Y es digno e hacer
resaltar que el general Julio A. Roca, al comentar la expedición al desierto
realizada por don Juan Manuel de Rosas, decía lo siguiente:
“A mi juicio, el
mejor sistema de concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o
arrollándolos del otro lado del Río Negro, es el de la guerra ofensiva, que es
el mismo seguido por Rosas, quien casi concluyó con ellos”.
Como se ha visto,
el general Julio A. Roca aconsejaba utilizar el sistema que emplearon “los
bárbaros” en la conquista del desierto.
¿Y cuál es el
fallo de la posteridad y la opinión de los detractores de Rosas? Para la
expedición al desierto llevada a cabo por el general Juan Manuel de Rosas: un
monumento: la diatriba de sus enemigos.
Para la expedición
al desierto realizada por el general Julio A. Roca: un monumento que se
levantará próximamente, en el Sur de la República.
¿Y para las otras
campañas al desierto? Otro monumento: el del silencio, coronado con el olvido
absoluto de los nombres de las personas que las realizaron (6).
¿Es esto justicia?
¿Es esto imparcialidad?
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(1) Hasta ahora no
conocemos los nombres de “los miles” de personas a quienes Rosas les confiscó
sus bienes ni la nómina completa de los últimos. Precisamente, el 20 de mayo de
1835, don Juan Manuel de Rosas, por decreto de la fecha: ”declara abolida, sin
excepción alguna, la confiscación de bienes”. En septiembre de 1840, decretó el
embargo de bienes de sus enemigos, que es cosa bien distinta, por cierto.
¿Dónde están esas
listas? ¿Dónde pueden consultarse? Porque una cosa sería la literatura y otra
la verdad histórica.
(2) Osvaldo
Saavedra. “Rosas y su tiempo”. Revista de Derecho, Historia y Letras, año X,tomo
XXVIII, páginas 432 a 454. “Rosas limitaba la confiscación al usufructo de los
bienes de los revolucionarios a favor de los servidores del gobierno”, que es
cosa muy diferente a la verdadera confiscación de bienes. ”En cambio,
triunfante los revolucionarios, le impusieron de hecho la misma confiscación
que les parecía una iniquidad aplicada de derecho”.
(3) Ernesto
Quesada. “Acha y la batalla de Angaco”, páginas 155 a 158.
(4) Eliseo F.
Lestrade. “Rosas. Estudio sobre la demografía de su época”. “La Prensa”, noviembre
15 de 1919.
(5) Alberto
Ezcurra Medrano. “Las otras tablas de sangre”. Ensayo sobre el terror unitario.
Pág. 17
(6) Laureano
Olascoaga. “Algunas verdades históricas sobre la conquista al desierto”. “Las campañas
contra los indios no son solamente las realizadas por el general Juan Manuel de
Rosas en 1833 y la de 1879 por el general Julio A. Roca: hay muchas otras que
pueden calificarse como tales”. Pág. 6
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