Publicado en el el diario La Pampa, de Buenos Aires, el 20 de mayo de 1880
Archivo General de la Nación
Documentos escritos. Sala VII, Legajo 220
Sarmiento, la Constitución del '53, los derechos individuales y las prerrogativas presidenciales
Por Norberto Jorge Chiviló
En el diario La Pampa, cuyo recorte acompañamos, se transcribe parte de la carta que el presidente Sarmiento (1868-1874) dirigió al general Arredondo, sobre que debía hacer con quienes habían asaltado una diligencia.
Supuestamente se encontraba en vigencia la constitución del '53, que establecía los derechos de todo ciudadano, como así también las prerrogativas presidenciales.
Hacía 16 años que Rosas el llamado "tirano" por Sarmiento, había sido derrotado en Caseros, 15 que se había promulgado la Constitución y 8 que había sido aceptada con las consiguientes reformas por todas las provincias.
Rosas, tan criticado por no haber dado una constitución al país y por haber gobernado con la suma del poder público, sí gobernó de acuerdo a las facultades que se le habían otorgado por la Legislatura, previo plebiscito popular en 1835.
Con la carta transcripta, podemos comprobar que el presidente Sarmiento, no le dijo a Arredondo: "aprese a los asaltantes y póngalos a disposición del juez competente", que es lo que correspondía, en un estado de derecho, sino que liso y llano le dijo que los capturara, les cortara la cabeza y la misma fuera dejada expuesta de muestra en los caminos.
Las personas que fueran "capturadas" y supuestos delincuentes: ¿eran realmente los asaltantes de la diligencia?, Ello solo lo podía determinar un juez a través de un proceso en el cual los presuntos reos tendrían oportunidad de ejercer su defensa, derecho consagrado por la Constitución.
¿Dónde quedaban entonces los derechos de los presuntos asaltantes, ya que se les privaba de un proceso justo en el cual pudieran ejercer su derecho a una defensa y ser juzgados por un magistrado?, siendo éste el único que podía disponer la absolución o la aplicación de una pena.
El presidente, ¿tenía las facultades de disponer por sí la ejecución de una persona?, ¿Tenía la suma del poder público?, ¿quién se lo había otorgado?. Nada de eso, solo su arbitrio personal e ilegítimo, lo impulsó a dar esa orden.
Los derechos individuales consagrados por la Constitución, evidentemente solo regían en el papel.
Y esa Ley Fundamental, tampoco acordaba al presidente facultades extraordinarias, que éste tomó por sí mismo.
Esa orden que Sarmiento dió a Arredondo, a todas luces fue ilegítima y contrario a la Constitución vigente.
