REVOLVIENDO LA BIBLIOTECA
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El siguiente artículo se publicó en el periódico Juan Manuel de Rosas N° 2 de agosto de 1987.
"Mártir de la federación"
Recordación de Ramón Doll
A 158 años del sacrificio del Coronel Manuel Dorrego, ordenado por el General Juan Lavalle como Jefe del motín militar que lo derrocó el 1° de diciembre de 1828, aún están vigentes afirmaciones que el Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas —a poco de su fundación— le dedicaba como primer homenaje oficial en su flamante Revista N° 1 (Enero de 1939), en donde luego de reseñar los antecedentes históricos del alevoso hecho, terminaba afirmando:
“La muerte de Dorrego fue un acto de espantosa tiranía, de terrorismo desproporcionado y estéril; los unitarios mismos han creído conveniente ensombrecer el cuadro haciendo saber a varias generaciones atónitas que esa muerte tuvo la desgraciada consecuencia de abrir las puertas a la Dictadura y el Despotismo. Nosotros creemos precisamente que si las ejecuciones fructifican algunas veces en la Historia, el sacrificio de Dorrego hizo variar los acontecimientos hacia el Gobierno mejor organizado e inspirado que hemos tenido los argentinos. Y de todos modos, demostró que Quiroga había tenido razón cuando al devolver la Constitución del 26 manifestó que no podía “rendirse a las cadenas con que se pretende ligarlo al carro del Despotismo”.
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| Ramón Doll |
Los conceptos expresados en aquella ocasión por el Dr. Doll y que hoy suscribimos para el conocimiento de las nuevas generaciones decía así:
“Hace hoy justamente 110 años, caía en este lugar el Coronel Dorrego, víctima de una orden de fusilamiento, en la que no se expresaba ni causa, ni motivo, ni siquiera pretexto alguno que fundamentara pena tan extrema.
Ningún tribunal civil o militar, ni juicio plenario, sumario o sumarísimo, había decidido en instancias procesales la muerte del gobernador de Buenos Aires, no se lo había escuchado, no se le había notificado que un proceso fuese abierto donde él habría de comparecer como prevenido; por cierto que ni siquiera el General que decidió la orden de fusilamientos hizo leer en presencia del sentenciado y en la suya propia los términos de la decisión.
Quiero recalcar con toda energía esta circunstancia: la última pena dictada contra el Coronel Dorrego y ejecutada aquí mismo, careció de las más elementales, de las más sumarias garantías que ningún tribunal revolucionario o marcial del mundo y de la Historia, deja de acordar al reo. No hay un caso igual en las horrendas crónicas judiciales de la Convención revolucionaria de Francia en 1793; la más sanguinaria y cínica de las ejecuciones, no era realizada sin una apariencia de juicio previo, todo lo hipócrita y simulado que se quiera, pero que otorgaba al reo el magro consuelo al fin, de decir dos palabras en su defensa. Acaso, para encontrar un atentado parecido contra la defensa personal como el cometido con Dorrego habría que presenciar las ejecuciones de la Checa comunista en que simples comisarios de policía matan a los detenidos sin aviso previo y sin promediar una sola palabra entre juzgadores y juzgados.
Cómo habrá sido de enorme el atentado que poco después Salvador María del Carril le aconsejaba a Lavalle que simulara un proceso y un acta sobre todo lo ocurrido.
Y bien, señores: no me he detenido en la espantosa violación del fuero más sagrado y personal del hombre cual es el de la inviolabilidad de la defensa en el juicio, por un simple prurito de curiosidad histórica, ni con un menguado propósito de arrojar sombras sobre los responsables de aquel desafuero.
Mi anhelo es extraer alguna experiencia útil, aún para la actualidad, en la historia de aquel episodio.
Debéis saber que la muerte de Dorrego había sido planeada y ordenada antes en Buenos Aires por el Consejo Unitario presidido por el Dr. Julián Segundo de Agüero y compuesto por letrados y doctores que se llamaban Salvador María del Carril, Valentín Gómez, Juan Cruz Varela, y otros personajes de la élite porteña. En la noche del 30 de noviembre de 1828, aquel comité unitario dejó listos los preparativos del motín que estallaría en seguida; esa misma noche se acordó la muerte de Dorrego y se propuso también la de Rosas. Conocidas son, por lo demás, las cartas de Del Carril y Juan Cruz Varela, ratificando aquel acuerdo y recordándoselo a Lavalle, cuando éste tenía en sus manos al prisionero.
Lavalle, pues no fue más que el ejecutor de órdenes impartidas por un cenáculo de hombres de ley y de Universidad, ex-diputados al Congreso Constituyente de 1826, y ex Ministros de Rivadavia, como del Carril, de la Cruz, Agüero y Juan Cruz Varela.
¿Quién eran estos hombres que así resolvían la ejecución inmediata de los funcionarios derrocados? ¿Cuál era la razón para que aún antes de proceder a su derrocamiento, le dictaran una sentencia inexorable por cuestiones meramente políticas?
Eran los mismos que pocos años antes habían dictado una Constitución, la de 1826, donde pomposamente en su sección 8° se hacían declaraciones enfáticas sobre la libertad, la defensa en juicio, la propiedad y la vida de los habitantes. En esa constitución del 26, los doctores unitarios habían vertido las últimas novedades políticas; Rivadavia, Presidente de la República y autor de la avanzada carta, mantenía correspondencia con Benthan, que fabricaba constituciones “ad libitum” y a encargo. Por otro lado, en aquella carta del 26 se preciaban de ir más allá que cualquier otro Código político del mundo. Cuando se envió esa constitución a las provincias, la nota que la acompañaba decía entre otras cosas, al referirse a la inviolabilidad de la persona:
“Leed la sección 8° de la constitución y allí hallaréis todos los derechos consagrados. La seguridad personal, la igualdad legal, la inviolabilidad de las propiedades, la libertad de la opinión”. Y así seguía en ese tenor, recomendando a los pueblos las bellezas de aquellas garantías sacrosantas entre las cuales figuraba a justo título como la mejor de todas la que decía que ningún ciudadano sería penado sin juicio previo y sentencia legal.
Relacionemos, señores, las dos situaciones. La misma logia que en 1826 pretende asombrar al mundo dictando una Constitución libérrima, civilizadora, liberal, más avanzada que cualquier otra carta europea de la época, la misma logia ordena sin forma de proceso la muerte de un prisionero inerme. Allí en la Constitución del 26, más de 20 artículos sistematizando las conclusiones más adelantadas de la filosofía de la época, aquí una ejecución sobre el tambor ordenada de antemano por un comité secreto.
No habría explicación posible de semejante contradicción entre las decisiones de un núcleo que se tenía por dirigente y áulico, si no recordáramos que la Constitución liberal del 26 fue rechazada violentamente por toda la nación y que la logia presidida por Agüero estaba dispuesta a imponerla a la fuerza, removiendo todos los obstáculos, el primero Dorrego, y luego todos los caudillos del interior.
Dicho de otra manera, Dorrego fue fusilado porque en ese momento representaba la resistencia de todo el país y todo el pueblo a la constitución liberal.
¡Qué gran lección podemos aprender en los antecedentes y consecuentes del drama del que no se sabe si aquí en este lugar se jugará el nudo o el desenlace! Si hay que fusilar sin forma de juicio a un gobernador, porque encarna la voluntad de resistencia del pueblo hacia una Constitución liberal, ahita de ideologías extranjeras, quiere decir que ya en 1828, la historia, por medio de la violenta eliminación de un hombre ilustre, nos estaba haciendo signos inequívocos de que siempre correríamos el peligro de ser víctimas de un engaño desgraciado por medio de falsas declaraciones libertarias, escritas en el papel pero ajenas a la Nación.
He aquí la postrer enseñanza del prócer que aquí fuera sacrificado en hora aciaga: él recibía en su cuerpo el embate de todas las fuerzas de opresión que por medio de una Carta que en su letra hablaba de libertades, en su espíritu no traía sino violencia y tiranía, terror y opresión. Transpongámonos fechas, recordemos que veinticinco años después, una Constitución plagada con la ayuda de los mismos pleonasmos liberales fue impuesta al país con la ayuda de ejércitos extranjeros, y quizás podemos leer en este fusilamiento todo el drama nacional que compendió. Es decir, la lucha constante del país real con un derecho público que lo oprime y lo deforma. La ejecución de Dorrego es la demostración evidente de que las llamadas libertades liberales no son más que instrumentos de tiranía y por eso, es el mismo pueblo quien las rechaza. Es cierto que en 1828 aquel crimen provocó una reacción saludable: el gobierno de Rosas, pero también es desgraciadamente cierto que ya estaba evidenciando que en aquella fecha aquellos ideólogos no vacilarían jamás en cuanto se tratase de infiltrar en el país las doctrinas más exóticas y disolventes.
No vacilarían ante nada; ni ante un crimen, ni ante una alianza con el extranjero, ni ante la desmembración del país, ni ante nada. Esta es la prueba histórica”.
